“No permitiremos que el partido del crimen decida”, advirtió ayer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al informar de 117 políticos afectados por la violencia durante el presente proceso electoral.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que 58 casos son clasificados en nivel “preventivo”, de probable violencia; 35 como “relevante” (han requerido atención especializada como proveerles de un botón de pánico, escoltas o rondines en sus domicilios), y 10 como “grave”, relacionado con la desaparición o fallecimientos de aspirantes.

De los 117 aspirantes o candidatos amenazados o agredidos, 71 son hombres y 46 son mujeres; hay registro de ello en 60 carpetas de investigación; sin embargo, aseveró, “de ninguna manera se doblegará la democracia” y quien decidirá será el pueblo.

Este plan federal, coordinado con autoridades locales, ha brindado protección a 41 personas, de los cuales 22 tienen vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional, y tres “de otras autoridades”.

Casi la mitad de los casos se concentran en seis entidades: estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.