En días recientes se han dado a conocer dos importantes movimientos en la lucha contra la corrupción que plagó a la vida pública durante los sexenios pasados. Por una parte, el ex senador Jorge Luis Lavalle se convirtió en el primer político encarcelado por su presunta implicación en el caso Odebrecht, el esquema de sobornos que habrían sido repartidos a los legisladores a cambio de su voto favorable a las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México, y en particular para aprobar la privatización del sector energético. Cabe recordar que las pesquisas contra Lavalle derivan del testimonio de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos y primer procesado por el escándalo Odebrecht, quien se encuentra en libertad en calidad de testigo colaborador de la Fiscalía General de la República.
En la misma investigación que llevó al arresto de Lavalle se encuentran involucrados los ex senadores Roberto Gil Zuarth –también ex diputado y ex secretario particular de Felipe Calderón– y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas. Mientras al primero se le dictó prisión preventiva por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, a Gil y García se les investiga por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de actos de corrupción.
De manera sólo aparentemente aislada de lo anterior, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) reactivó las pesquisas por operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal contra Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz. De acuerdo con funcionarios entrevistados por este diario, el caso es manejado por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Seido, la cual ha integrado a la indagatoria carpetas de investigación con denuncias presentadas desde 2016. La nueva carpeta se encuentra en etapa de integración y está por verse si se logra llevar ante la justicia al político señalado por apropiarse 3 mil millones de pesos cuando Calderón lo puso al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
Además de ser protagonizadas por prominentes figuras del Partido Acción Nacional (si bien Lavalle renunció a su militancia en 2018), cuyas carreras políticas iniciaron o despegaron al amparo del calderonato, las pesquisas contra estos cuatro políticos tienen en común la activa colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), enfocada en investigar a los llamados delincuentes de cuello blanco.
Estos casos han permitido conocer la magnitud de la corrupción que caracterizó a la clase política del periodo neoliberal. Al salir a la luz los patrones de enriquecimiento ilícito mediante el desvío de recursos públicos, o la obtención de sobornos a cambio de legislar en contra de los intereses nacionales, se ha exhibido también el tejido corrupto que unía –y une– a estos personajes. Cabe esperar que las indagatorias en curso lleven a la impartición efectiva de justicia y a la sanción de quienes resulten responsables por los daños al patrimonio público.
