Buenos Aires. El gobierno argentino representado por la Procuración del Tesoro se presentó como querellante en la causa que investigará si existió "administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública" por parte del ex presidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esto ocurre cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la decisión de Gran Bretaña de hacer ejercicios militares las Islas Malvinas, territorio ocupado colonialmente desde 1833. Los ejercicios, programados para los próximos días incluyen el lanzamiento de misiles Rapier.

La querella penal iniciada mediante el Decreto 239/2021, publicado ayer en el Boletín Oficial, en la causa contra Macri se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 5 de la Capital Federal.

El artículo 1° del decreto señala la necesidad de que el Procurador del Tesoro, Carlos Zanini “coadyuve en la promoción de la acción penal” para determinar a los responsables de la acción que se investigan y que pudieron dañar al Estado.

El articulo 2° del decreto instruye además al Procurador “a iniciar las acciones conducentes ante los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados”. Asimismo se solicitó a la Sindicatura General de la Nación para determinar el monto del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos del FMI y los plazos comprometidos para el rembolso.

Todo esto “en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”, solicitando la colaboración del Banco Central.

El mes pasado el presidente Alberto Fernández se refirió a este endeudamiento como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

Protesta Argentina

La cancillería argentina advirtió a Gran Bretaña sobre maniobras militares y lanzamientos de misiles en el Atántico Sur y señaló que esto contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que “insta a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que signifiquen modificaciones en la situación mientras las Malvinas están en un proceso de negociación recomendado por ese organismo.

La cancillería argentina rechazó los ensayos con misiles Rapier en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido y denunció que Gran Bretaña alega la “condición defensiva de la base militar de ese país”, ubicada ilegalmente en la isla Soledad del archipiélago de las Malvinas argentinas, lo que “es totalmente injustificada y representa una amenaza para toda la región”.

Considera además que estas maniobras permanente constituyen “una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan a ambos países a negociar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Los Rapier son misiles tierra-aire desarrollados para el ejército británico para remplazar sus cañones antiaéreos Bofors 40 / L70. Esta presencia militar contradice otras resoluciones de la Asamblea General que exhorta a respetar escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación.