La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se lanzó en contra del informe del Departamento de Estado estadunidense que se refiere a la situación de abusos a las garantías básicas en México, al considerar que algunos de sus señalamientos no están del todo fundamentados o son “un medio político” que puede utilizarse para “partidizar o electoralizar” la agenda de derechos humanos en el país, lo cual “sería algo sumamente pernicioso”.
De igual manera, el organismo público defendió su propia actuación y puso en tela de juicio los señalamientos de Washington sobre el tema, al considerar que “no pueden ser utilizados para generalizar la situación prevaleciente” en el país.
En un texto de 31 páginas, la CNDH indicó que hizo una “revisión pormenorizada” del Informe anual sobre prácticas de derechos humanos 2020 de la cancillería estadunidense –dado a conocer el pasado 30 de marzo–, en particular sobre la afirmación de que “la impunidad y los índices extremadamente bajos de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos”, incluidos los abusos contra los derechos humanos.
Al respecto, afirmó: “En todo caso, los hechos que consigna el documento elaborado por el Departamento de Estado no pueden ser utilizados para generalizar la situación prevaleciente hoy en México en materia de derechos humanos, puesto que deja de lado los avances y esfuerzos en el mismo texto señalados y omitiendo otros de trascendencia”, como la puesta en vigor del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.
Se hicieron de lado los avances
En el mismo tono, criticó que Washington “enfatiza sólo aquellos elementos que se muestran como problemáticos”, a pesar de que la CNDH “ha estado atendiendo muchas de las situaciones derivadas de los hechos referidos, y en algunos casos yendo más allá, acompañando las demandas de las víctimas frente a las autoridades”.
Por otro lado, consideró que “el informe no refiere normatividad en que se fundamente su realización”, lo cual “puede parecer relevante en relación con los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención de la política exterior de México”.
La comisión evaluó que “el reporte puede considerarse un medio político en materia de derechos humanos, y bajo ese marco, es posible interpretarse tanto en sentido positivo, como negativo.
“En cuanto a lo primero, porque puede constituir una oportunidad de detectar debilidades y/o errores, así como para realizar propuestas con alcances nacionales o internacionales; o bien, en cuanto a lo segundo, servir de sustento para seguir partidizando, o incluso llegar a electoralizar, la agenda de los derechos humanos en México, algo que sería sumamente pernicioso.”
