Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), parte de un hecho para hablar sobre la infiltración de la delincuencia organizada en las campañas electorales, como la que inició esta semana en México: cada que hay elecciones, dice, se incrementa el uso de dinero en efectivo.

Una de las tareas que acomete ahora la UIF, instancia que forma parte de la Secretaría de Hacienda, es evitar la entrada de dinero ilícito a las campañas, ya sea que provenga de la delincuencia organizada, de actos de corrupción o por desvío de recursos públicos, señala.

“Estamos desarrollando una serie de casos vinculados con candidaturas de todos los partidos, que en caso de que acreditemos que hay uso de empresas fachada para financiarlos, evidentemente serán congeladas”, adelanta a La Jornada.

En este punto, Carla Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar la elección, destaca que la participación de empresas fachada, factureras y despachos de abogados “que todos sabemos que representan a ciertas candidaturas” para desviar dinero hacia campañas electorales “no ha sido atendida de manera oportuna”.

Se enfrenta el INE con el “secreto ministerial”

La consejera Humphrey Jordan llama la atención sobre la persistencia de barreras para una mejor fiscalización de los recursos que utilizan partidos políticos y candidatos. Existen decenas de quejas presentadas que no han podido ser resueltas en los pasados cinco o seis años porque autoridades federales o locales no proporcionan la información que se requiere en tiempo y forma.

El INE tiene la atribución de revisar los ingresos y gastos de los partidos y candidatos, sin que sus indagaciones estén limitadas por los secretos bancario, fiscal o fiduciario, menciona. Pero ahora, dice, con frecuencia se topa con el “secreto ministerial”: documentos que obran en carpetas de investigación a los que no se permite acceso a los funcionarios electorales y, por tanto, a determinar la licitud de los ingresos y gastos de campañas o de partidos.

Con la elección de este año serán renovadas la Cámara de Diputados federal y 15 gubernaturas, además de varios congresos locales y ayuntamientos. El presupuesto del INE es de 19 mil 593 millones de pesos. Los partidos políticos recibirán 5 mil 250 millones para actividades ordinarias y mil 570 millones de pesos para gastos de campaña, según información oficial.

“Es imprescindible la colaboración interinstitucional para poder determinar el origen de los recursos, la cantidad y si son lícitos”, dice la consejera electoral.

Es en el plano municipal donde puede haber mayor riesgo de injerencia de recursos de origen ilícito en las campañas electorales, comenta Humphrey.

“Hay que tener una lupa especial en el tema de las elecciones a nivel municipal, porque puede ser la vía de acceso más factible a los recursos del crimen organizado.”

La delincuencia organizada, el peculado electoral y la corrupción entre particulares y autoridades son tres de las variables involucradas en la inyección y lavado de dinero en las campañas electorales, plantea Nieto Castillo. A nivel académico se ha hablado de que en las campañas llega a haber 10 veces más recursos que los fijados en los topes de gasto, menciona. “Es un tema que está a discusión. Lo que no está a discusión es que el Banco de México ha acreditado que hay 6 por ciento más flujo de efectivo en los estados cuando tienen un proceso electoral que cuando no lo tienen”.

Evitar un nuevo Pemexgate

Parte de la colaboración entre la UIF y el INE está en la construcción de mecanismos y herramientas para denunciar un mayor número de casos en que se presuma la entrada de dinero ilícito a una campaña, menciona.

Hasta ahora, lo que la UIF ha encontrado es que de las mil 800 empresas inscritas en el padrón de proveedores del INE, mil 600 tienen operaciones en el sistema financiero. Significa que no se trata de empresas fachada, por lo menos en primera instancia. Sí se ha encontrado un caso, y será presentada la denuncia.

“Estamos trabajando en una serie de casos vinculados con candidaturas de todos los partidos políticos que, en caso de que acreditemos que hay un presunto uso de empresas fachada para financiar campañas electorales, evidentemente serán congeladas y se dará la información al INE”, anticipa.

“Esta colaboración puede ayudarnos a evitar que tengamos un nuevo Monex o Soriana, casos como los Amigos de Fox o el Pemexgate”, asegura, en alusión a ejemplos de financiamiento irregular a campañas –reparto de monederos electrónicos, en los primeros dos, y financiamiento irregular a la campaña de los candidatos presidenciales de 2000, Vicente Fox (PAN) y Francisco Labastida (PRI).