Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se lanzó en contra del informe del Departamento de Estado estadunidense que se refiere a la situación de abusos a las garantías básicas en México, al considerar que algunos de sus señalamientos no están del todo fundamentados o son “un medio político” que puede utilizarse para “partidizar o electoralizar” la agenda de derechos humanos en el país, lo cual “sería algo sumamente pernicioso”.

De igual manera, el organismo público defendió su propia actuación y puso en tela de juicio los señalamientos de Washington sobre el tema, al considerar que “no pueden ser utilizados para generalizar la situación prevaleciente” en el país.

En un largo texto de 31 páginas, la CNDH indicó que hizo una “revisión pormenorizada” del “Informe Anual sobre Prácticas de Derechos Humanos 2020” de la cancillería estadunidense --dado a conocer el pasado 30 de marzo--, en particular sobre la afirmación de que “la impunidad y los índices extremadamente bajos de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos”, incluidos los abusos contra los derechos humanos.

Al respecto, afirmó: “En todo caso, los hechos que consigna el documento elaborado por el Departamento de Estado de Washington no pueden ser utilizados para generalizar la situación prevaleciente hoy en México en materia de derechos humanos, puesto que deja de lado los avances y esfuerzos en el mismo texto señalados y omitiendo otros de trascendencia”, como la puesta en vigor del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.

En el mismo tono, criticó que Washington “enfatiza sólo aquellos elementos que se muestran como problemáticos”, a pesar de que también se han registrado aspectos positivos y que la CNDH “ha estado atendiendo muchas de las situaciones derivadas de los hechos referidos, y en algunos casos yendo más allá, acompañando las demandas de las víctimas frente a las autoridades”.

Por otro lado, consideró que “el informe no refiere normatividad en que se fundamente su realización”, lo cual “puede parecer relevante en relación a los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención de la política exterior de México”.

Asimismo, la Comisión evaluó que “el Reporte puede considerarse un medio político en materia de derechos humanos, y bajo ese marco, es posible interpretarse tanto en sentido positivo, como negativo.

“En cuanto a lo primero, porque puede constituir una oportunidad de detectar debilidades y/o errores, así como para realizar propuestas con alcances nacionales o internacionales; o bien, en cuanto a lo segundo, servir de sustento para seguir partidizando, o incluso llegar a electoralizar, la agenda de los derechos humanos en México, algo que sería sumamente pernicioso”.

El organismo público agregó: “Un análisis detenido respecto del Reporte […] permite concluir que muchos casos muy puntuales han tenido seguimiento, o pueden ser objeto de seguimiento, desde la CNDH”.

Por otro lado, también criticó que el informe del Departamento de Estado “se centra en aspectos relacionados con derechos civiles y políticos, por lo que se descuida derechos económicos, sociales y culturales”, y “concibe la garantía de los derechos humanos basándose en instituciones civiles, penales o administrativas, más que en instituciones de derechos humanos”.

El pronunciamiento también señaló que en el reporte “se retoman los cuestionamiento a la independencia de la Presidenta Rosario Piedra Ibarra en razón de ‘su pertenencia al partido político gobernante y su amistad con el presidente López Obrador’, así como la referencia a la toma por colectivas feministas de la sede de República de Cuba de la CNDH como protesta porque ‘no había defendido los derechos de las mujeres ni había brindado la asistencia adecuada a quienes la necesitaban’”.

Sobre este último punto, el organismo lamentó que el informe de Estados Unidos “no señala que en 2020 la CNDH desplegó diversas acciones para combatir las expresiones de violencia contra las mujeres”, entre ellas la Recomendación General 43/2020 y seis recomendaciones específicas.

En su apartado de “Conclusiones”, la entidad reconoció que “la situación de los derechos humanos en México enfrenta profundos retos, enquistados por muchas décadas, así como nuevas realidades que es necesario comprender y combatir desde una mirada integral e intercultural”.

Sin embargo, también dijo que “se trata de un complejo escenario, en el que no se parte de cero, porque actualmente vivimos una gran transformación, existe una nueva realidad, voluntad política, diálogo con las autoridades de todos los niveles, y una legislación nacional y local más avanzada en constante perfeccionamiento”.

De igual forma, manifestó que “el trabajo en favor de los derechos humanos, para ser valioso y genuino, debe ser ajeno a la intervención de las decisiones soberanas de los Estados nacionales y, sobre todo, despojado de toda intención política que degrade el compromiso y la obligación de las sociedades y los gobiernos para tutelar los derechos fundamentales de las personas”.