Con la definición de que México necesita fortalecer al sector energético desde una perspectiva de soberanía nacional, mediante el acceso igualitario de la energía, la estabilidad financiera, el combate frontal contra la corrupción y la implementación de las mejores prácticas, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados difundió anoche el proyecto de dictamen de reforma a la Ley de Hidrocarburos.
En el documento, que se discutirá y aprobará el miércoles 14 de abril por la comisión, se avalan las cinco modificaciones propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador:
Exigir a los permisionarios un almacenamiento mínimo de hidrocarburos; establecer la figura de negativa en solicitudes de permiso para importar y exportar, así como transportar y vender hidrocarburos; la revocación de los permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de la legislación; combate al robo de combustibles, y la suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
La comisión explicó que al demandar el almacenamiento de hidrocarburos, se regula la normatividad vigente en la materia, emitida en 2017, además de que se fortalecen los incentivos para que los nuevos comercializadores y distribuidores de gasolinas, diésel y turbosina inviertan en infraestructura que garantice la seguridad energética y la disponibilidad de estos combustibles durante una emergencia.
“Esto es de extrema relevancia en razón de que se mitiga el riesgo de escasez de los petrolíferos y se garantiza la continuidad de las actividades económicas en el país, reduciendo el impacto de una emergencia nacional sea por circunstancias locales o internacionales”, indica.
Respecto del proceso para aprobar o negar permisos, el proyecto señala que la negativa “brindaría mayor seguridad al Estado y la sociedad pues evita que por el simple transcurso del tiempo se ceda un permiso para efectuar las actividades del sector energético a algún agente que pudiera no estar calificado para ello o tener algún impedimento jurídico, lo que a la postre pudiera poner en riesgo la seguridad nacional y seguridad energética”.
También avala la propuesta para combatir el robo y contrabando de combustibles, que –resalta– han implicado pérdidas de 2006 a 2018 por 147 mil millones de pesos, monto superior al presupuesto de varias entidades federativas.
Se incorpora como causal de revocación de permisos que los concesionarios de gasolinerías, importadores y distribuidores compren y vendan combustibles robados o de contrabando, y la comisión considera que la medida no impacta negativamente a los permisionarios que lleven a cabo la actividad de manera lícita.
La reforma considera que, para continuar el combate al delito de contrabando de combustibles, el SAT vigile de manera permanente el cumplimiento de la regulación aplicable en materia tributaria a los concesionarios.
Y en el caso de la suspensión de permiso, la comisión considera que las autoridades competentes tengan la posibilidad, en casos donde se observen conductas ilícitas, de suspender permisos para garantizar los intereses de la nación y de terceros. “Dicha propuesta le permitiría al Estado mantener la garantía de suministro de petrolíferos”, expresa.
