Finalmente esta semana y después de mucha oposición, se llegó al acuerdo entre el sector empresarial, el gobierno y los dirigentes sindicales más importantes, sobre la reforma en materia de subcontratación, la cual se había venido retrasando durante casi dos años. Fue necesario pasar por la celebración de cerca de 80 reuniones, foros y sesiones de parlamento abierto en el Congreso de la Unión para llegar a este momento, en el que, si bien el resultado no es la panacea o la solución final a este tema de simulación y abuso, sí constituye un paso adelante, y muy importante, en la justicia laboral, en la transparencia financiera y en evitar la evasión fiscal.
Y no podía ser de otra manera, ya que este sistema se había deformado desde el momento mismo en que nació en las últimas horas del gobierno panista de Felipe Calderón, como una concesión o un regalo a la clase empresarial, sin considerar la explotación que se generaría contra los trabajadores, al violar con este mecanismo sus derechos fundamentales, su libertad y su dignidad.
Hoy con este acuerdo y la aprobación esperada de las cámaras de diputados y senadores se crearán nuevas formas y relaciones de producción, respeto y reordenamiento del mundo del trabajo. En este acuerdo se prohíbe la subcontratación en cualquiera de sus formas (outsourcing e insourcing) excepto en las especialidades técnicas por tiempo y obra determinada. A partir de que se publique el decreto en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor, todas las empresas que actúen conforme a este modelo tendrán que pagar los impuestos correspondientes a sus actividades preponderantes, registrar a sus trabajadores con sus salarios y prestaciones reales y contribuir con el pago de las cuotas correspondientes ante los órganos públicos de salud, de vivienda y de pensiones.
Es importante señalar que las empresas que utilizan la subcontratación, tendrán que registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y gozarán de un periodo de 90 días para autorregularse y comenzar a operar sobre estas nuevas bases creadas a partir del acuerdo. Las autoridades laborales tendrán un enorme reto para controlar estas actividades, de tal forma que todos cumplan y respeten el espíritu de esta nueva legislación para que no quede en letra muerta esta trascendental y visionaria reforma.
Conviene recordar que cuando se recibió en el Senado a finales de abril de 2019 la minuta integral aprobada por la Cámara de Diputados y enviada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para modificar la Ley Federal del Trabajo, no se incluyó el tema de la subcontratación o outsourcing y fue necesario que en la tribuna, como presidente de la comisión, explicara las causas por las cuales no estaban incluidos estos valiosos avances y al mismo tiempo comprometerme a establecer un periodo ordinario de sesiones y una reunión de tres días de parlamento abierto (23, 24 y 25 de julio de 2019) para intentar consensuar con los partidos políticos su aprobación.
En ese momento entramos en un periodo de discusión abierta entre los senadores en medio de los ataques mediáticos en contra nuestra por parte de los empresarios outsourceros, que se resistieron durante mucho tiempo a esas modificaciones en la ley para evitar salir de su nicho de conformidad y privilegios al que estaban acostumbrados desde el inicio de ese sistema de simulación laboral y evasión fiscal en el que convirtieron las relaciones económicas de producción y el contubernio y complicidades entre autoridades y los propios outsourceros.
La situación será distinta a partir de la entrada en vigor de esta reforma. Aunque no es perfecta, sí cumple en este momento con la nueva Ley Federal del Trabajo y constituye un paso adelante en la búsqueda de una mejor democracia y una mayor justicia para todos. Ni en México ni en ningún lugar del mundo las leyes son estáticas ni permanentes. Por tanto, habrá que diseñar ese mecanismo de vigilancia y supervisión para que todos cumplan y se alcancen las metas de una sociedad más justa y balanceada entre los actores y las prioridades de la política económica nacional.
Todos esperamos que con este procedimiento la situación general del país mejore, porque es algo que el pueblo exige y está esperando. También que los empresarios colaboren para reducir la desigualdad, respeten los derechos de todos y así se consolide una nueva mentalidad y visión para contribuir más efectivamente al desarrollo del país, con un enfoque menos egoísta y con una mayor dimensión social. México lo necesita y el pueblo lo merece.
