Hoy existen 53 proyectos mineros activos en áreas naturales protegidas (Anps) federales y seis en áreas catalogadas como Patrimonio Mundial por la Unesco, entre ellas se encuentran las reservas de la biosfera el Vizcaíno, la Mariposa Monarca y el Alto Golfo de California, señaló Manuel Llano, de la organización Cartocrítica. Estas zonas poseen alta diversidad biológica, se encargan de mantener los hábitats naturales y la biodiversidad.
Durante el videoforo Hacia una protección efectiva de las Anps, convocado por diversas agrupaciones sociales, se urgió al Senado a aprobar una minuta para proteger éstas áreas con la prohibición de las actividades mineras, el establecimiento de nuevos centros de población, extracción de hidrocarburos y la introducción de especies exóticas. Esto ya se encuentra planteado en forma general en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), pero se requiere hacerlo de manera explícita, advirtieron expertos.
Llano apuntó que hay 885 proyectos mineros activos en el país y hasta julio de 2020 había 24 mil 75 títulos de concesiones mineras en 17.5 millones de hectáreas, lo que equivale a la extensión de la Península de Yucatán y Puebla. Apuntó que hay concesiones mineras en 27 zonas núcleo de Anps. A esto se suma que en el inventario nacional de sitios contaminados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta 2015 las actividades mineras habían dejado 11 sitios altamente contaminados en siete Anps, entre ellas el Vizcaíno, Mariposa Monarca y el Pinacate.
Enrique Jardel del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, indicó que hay concesiones mineras que se traslapan en 36 por ciento de 175 Anps, y la minería es una de las amenazas más criticas para espacios silvestres y rurales, se concentra en sitios con efectos ambientales y abarcan regiones extensas donde dejan efectos a largo plazo.
Ejemplificó que algunas de las Anps tienen una amplia superficie en concesiones mineras, como la sierra la Mojonera con 86.2 por ciento de su territorio, el Chico, en Hidalgo, con 55.1 por ciento, y Los Márnoles, en la misma entidad, con 51.7 por ciento. Agregó que tres cuartas partes de la Sierra de Manantlán está concesionada a la minería, en la zona de influencia está la mina Peña Colorada con impacto ambiental y donde ha habido conflictos sociales.
También, recordó, la minería ha sido impedimento para establecer nuevas Anps, como en Wirikuta, sitio sagrado reconocido por la Unesco que ha sido afectada por intereses mineros. “Parece que la ley minera está por encima de cualquier otra, e incluso el sector minero esta representado en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y también el servicio geológico, aunque no está señalado en la legislación ambiental, sino en la Ley Minera”.
