La creciente participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y otras labores, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es motivo de preocupación para organismos internacionales, los cuales subrayaron los peligros de violaciones a derechos humanos que implica esta estrategia.
El representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, alertó que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército, ya que éstos cuentan con un entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil.
“Hay pautas al respecto porque estamos hablando de cuerpos diferentes entrenados para situaciones distintas y que incluso las órdenes operativas, el tipo de armamento, corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra”, declaró Fernández-Maldonado en una entrevista con la agencia de noticias Ap.
Por su parte, Amnistía Internacional señaló que el gobierno de México “desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores”.
En el marco de su Informe 2020-2021, la organización destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en mayo del año pasado un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024.
