Morena y sus aliados en el Senado se aprestan para aprobar, sin cambios, la minuta que obliga a todos los usuarios de celulares a registrar sus datos biométricos, como huella facial y digital e iris, o de lo contrario se les bloqueará y hasta cancelará la línea telefónica.

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada ya en comisiones, pese al rechazo de legisladores de PAN, PRI y PRD, por considerar que tal disposición y otras de esa legislación violan la privacidad, ya que cualquier autoridad judicial puede exigir a los concesionarios los datos del usuario.

La reforma, que podría aprobarse este jueves en el pleno, obliga a establecer un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que estará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el que “deberá procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información con las autoridades competentes”.

La reforma se enmarca en el objetivo de poner freno a delitos como la extorsión, el secuestro exprés y otros que comete la delincuencia organizada. Sin embargo, la oposición considera que tal objetivo no se cumplirá y sí, en cambio, se vulneran derechos de los ciudadanos.

“Eso no sirve, no creo que quien va a delinquir y extorsionar, por ejemplo, va registrar sus datos biométricos y, en cambio, para los ciudadanos va a ser un problema, ya que, de no proporcionar sus huellas dactilares y faciales, le cancelarán el servicio de su teléfono celular”, comentó el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera.

Hizo notar que él solicitará que se elimine ese requisito de proporcionar a los concesionarios los datos biométricos, pues basta como está: sólo proporcionar identificación oficial y comprobante de domicilio, para activar un teléfono celular.

La ley establece que el registro de la línea telefónica en el padrón de usuarios “presume” que le pertenece a la persona que aparece como titular o propietaria, así como la validez de los actos jurídicos que se relacionan con el contrato de prestación del servicio.

De aprobarse la reforma en sus términos, resaltó el coordinador perredista, además de un mercado negro de chips, lloverán los amparos, ya que “no faltarán abogados vivales que promuevan suspensiones para evitar que se cancelen líneas telefónicas”.

Mancera consideró que los amparos procederán contra Telcel y los demás concesionarios, que se convierten en autoridades responsables para ese fin.

En el artículo 180 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se plantea la facultad de “las autoridades de seguridad, de procuración y administración de justicia” de requerir al IFT el acceso al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, lo que significa, comentó Mancera, que los datos biométricos e identificación de los usuarios podrán circular por todas partes.

Ese artículo, agregó, debe modificarse, ya que contradictoriamente establece que las autoridades podrán requerir información, de ese padrón, pero también acceder y esto último se debe eliminar.