Las autoridades migratorias mexicanas realizan expulsiones exprés de migrantes centroamericanos necesitados de asilo, cuando éstos intentan ingresar a México por la frontera sur.

Así lo documentó el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano –conformado por 13 organizaciones de defensa de las garantías de los migrantes y de la Red Jesuita.

Advirtió que estas prácticas se presentan desde que el pasado 19 de marzo el gobierno mexicano determinó cerrar al tránsito terrestre no esencial en su franja fronteriza en el sur con el argumento de evitar la propagación del Covid-19 –medida que se implementa desde hace más de un año en el límite con Estados Unidos–, en particular en puntos de acceso formal como el puente Rodolfo Robles, en Chiapas.

El colectivo enfatizó que pese al discurso oficial del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades mexicanas que aseguran la promoción de una migración regular y una atención con enfoque de derechos humanos, en los hechos se ha comprobado “el rechazo constante” de decenas de migrantes, incluidas familias con menores de edad.

Se les devuelve sin explicación e incluso se les niega la posibilidad de recibir acompañamiento e información sobre sus derechos por parte de organizaciones civiles e internacionales, señaló en un posicionamiento donde alerta de estas violaciones al derecho de asilo.

Uno de los casos documentados, dijo el colectivo, se dio el 5 de abril, cuando una familia con tres menores de edad (de 13, 15 y 17 años) huyó de su país debido a amenazas, hostigamiento y persecución. Pese a que solicitarían asilo en México, las autoridades migratorias lo “impidieron y con engaños los devolvieron a Guatemala”.

Enfatizaron que ante el aumento en los desplazamientos de miles de personas con necesidades de protección internacional, la respuesta del Estado mexicano “no debe ser la imposición de barreras institucionales ni cercos policiales y militares”.