La comunidad rarámuri de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, está abriendo brecha. Su resistencia contra el despojo de su territorio por los caciques locales le costó ya la vida de su dirigente Juan Ontiveros y le valió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera medidas de protección en favor de ella.
Cuenta con el apoyo jurídico y formativo de Alianza Sierra Madre AC, organización que también acompaña a la comunidad de Coloradas de la Virgen, del mismo municipio, que ya logró una sentencia histórica ante el asesinato de varios de sus dirigentes, certeramente explicada en estas páginas por Magdalena Gómez (https://bit.ly/3s54Qxb).
Desde el 21 de enero pasado, dos gobernadores y la señora comisaria de policía de Choréachi presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Previamente habían enviado una carta al gobernador Javier Corral Jurado. Denuncian el fallecimiento de tres niñas y cuatro niños rarámuris de la comunidad, todos menores de cinco años, entre octubre de 2019 y junio de 2020. Arguyen que las muertes de los menores constituyen violaciones a los derechos humanos, a la salud, a la nutrición, a la supervivencia y al desarrollo.
Todos los fallecimientos de los niños fueron causados por la desnutrición, a la que se sumaron luego otras complicaciones. En todos se presentaron seis constantes: carencia de servicios de salud idóneos, oportunos y accesibles en la comunidad; no implementación en la comunidad de un programa de peso y talla que detecte oportunamente la desnutrición; no acceso de los padres a un programa de atención sanitaria preventiva, con pertinencia cultural y lingüística; no acceso a tratamientos adecuados para la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas; ausencia de programas que atiendan la pobreza alimentaria y el saneamiento. Además, en por lo menos tres de los casos, las autoridades no garantizaron la canalización de los niños a unidades de salud con mayor capacidad resolutiva.
En el mismo periodo que señalan, los equipos del programa Chihuahua Crece Contigo y de la Secretaría de Salud trasladaron a 43 menores con algún grado de desnutrición a centros de segundo nivel de atención. De ellos fallecieron 20 por ciento. Para dar una idea de la dimensión y gravedad del problema, la comunidad señala que para junio de 2020, 68 por ciento de los niños menores de cinco años en Choréachi vivía en desnutrición crónica; y para enero de 2021 ninguno de ellos había sido atendido con tratamientos adecuados para superarla.
Ante esta grave situación, son fáciles de entender las principales demandas de la comunidad: la actuación inmediata de la CEDH y la canalización hacia la CNDH; una visita de éstas a Choréachi para que se enteren de la situación y escuchen a todas las personas que deseen presentar sus denuncias; formación y operación de una comisión investigadora con capacidad de analizar los casos y emitir las recomendaciones necesarias.
Además, exigen una serie de medidas de no repetición: con participación de la comunidad, reorganización de manera estable y no coyuntural del Programa de Fortalecimiento de la Atención Médica; la reprogramación de las rutas de las brigadas médicas; la inclusión de personal que opere con pertinencia cultural y lingüística; inclusión de programas de tamizaje de peso y talla y de vacunación a los niños, y elaboración de expedientes clínicos que los padres puedan entender, en las unidades hospitalarias de la región y en las unidades móviles; creación de lineamientos para el manejo integrado de la desnutrición aguda y severa en niñas y niños menores de hasta 59 meses de edad que incluya indicaciones técnicas para el manejo intrahospitalario y en el hogar; así como la garantía de la presencia de insumos necesarios para su aplicación. La creación e implementación de un protocolo de referencia y contrarreferencia de pacientes que indique las obligaciones de cada dependencia, programa y personas servidoras públicas.
La queja y las demandas de la comunidad de Choréachi van más allá de lo casuístico y de ellas mismas. Están demostrando una forma de resistencia que puede convertirse en paradigmática: la exigencia del cumplimiento cabal de los derechos sociales ante los órganos del Estado. Esto marca el fin de una actitud de resignación o de lucha por conceptos nada situados de los derechos humanos y una nueva lucha por una concepción geosemiótica de ellos, como señala Fernando Buen Abad (https://bit.ly/3mpWYF6), desde la vivencia cotidiana de exclusión, devastación y falta de justicia de los pueblos originarios.
Con acciones como la de Choréachi, la resistencia sin fin de un pueblo se expresa también por la vía de la responsabilización, es decir, de la exigencia al Estado no sólo de que cesen los ataques y la represión contra ellos, sino que las instituciones de éste se responsabilicen eficaz y efectivamente de garantizar los derechos sociales y comunitarios establecidos genéricamente para toda la nación, pero negados sistemáticamente para los pueblos originarios. Si las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos lo entienden así tendrán que emitir recomendaciones paradigmáticas. Pero habría que avanzar más y al más alto nivel jurídico para lograr que se establezcan mecanismos de justiciabilidad de estos derechos sociales, es decir, la posibilidad de que, ante un juez puedan presentarse las demandas para que mandate la implementación de políticas y acciones específicas para su cumplimiento por parte de los titulares del poder.
Para todo esto se requiere resistencia responsabilizante, como la de Choréachi.
