La aprobación de la ley para la regularización del cannabis se complicó en el Senado, que incluso analiza solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una cuarta prórroga, debido a la magnitud de los cambios que los diputados formularon a esa minuta, pues se violan derechos humanos y desprotegen a los productores campesinos e indígenas en beneficio de las trasnacionales.
La mayoría de Morena había decidido allanarse a esos cambios en aras de que se pudiera promulgar la nueva ley, incluso ayer logró que se aprobara el dictamen en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a pesar de los reclamos de la oposición, que advirtió incluso que la Corte podría separar del cargo a los 128 senadores por aprobar ese proyecto con visos de inconstitucionalidad.
Después de ello, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, declaró que “no está nada fácil y el Senado tiene un gran problema”, ya que debe decidir si se allana a la minuta de la Cámara de Diputados para que la ley inicie su vigencia y cumplir con el mandato judicial o solicitar otro plazo.
El tema de fondo, recalcó, “es que esta ley ayude, beneficie para atenuar al menos la criminalidad”, pero “hay muchos intereses, el Senado y la Cámara están llenos de cabilderos y esta ley tiene que ser un instrumento jurídico para evitar que se siga profundizando la violencia”.
Por separado, al concluir la sesión ordinaria, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, agregó que valoran la situación y la posibilidad de aprobar el dictamen como está, porque “no olvidemos que también representa para el Estado mexicano grandes ingresos a través de la regulación del cannabis”, los que son importantes en estos momentos difíciles de la economía por la pandemia.
Respecto a que la Cámara Alta solicite una nueva prórroga a la Corte, dijo que esa propuesta pudiera ser una salida “con tal de construir un proyecto con consenso amplio”.
Por la mañana, durante la reunión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, donde se aprobó por mayoría de los senadores de Morena y sus aliados la minuta de la Cámara de Diputados, sin cambios, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, advirtió que “es una sentencia de amparo que obliga a las autoridades, en este caso al Legislativo, a cumplirla en sus términos y a mí me preocupa muchísimo que en el dictamen se diga expresamente y quede constancia de que estamos conscientes de que no se cumple, que hay inconstitucionalidad, se afectan los derechos humanos y además se enumeren cuáles son todas estas inconsistencias y cuáles son todos estos puntos de inconstitucionalidad. Incumplir una ejecutoria de amparo lo que implica es separación del cargo y obviamente consignación”.
La senadora priísta Claudia Ruiz Massieu, quien votó en contra de la minuta, argumentó en esa comisión: “Tiene innumerables yerros. Yo como legisladora no puedo votar un dictamen que en su apartado de consideraciones dice que las modificaciones de la Cámara de Diputados infringen los derechos humanos, viola la Constitución, contiene antinomias y discrimina a los consumidores. Las consideraciones hacen pedazos la minuta y aun así nos piden que votemos a favor. No podemos hacerlo”.