El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el plan y calendario para la organización de la consulta popular sobre enjuiciar las acciones políticas y de gobierno del pasado, que se efectuará el primero de agosto.

Los consejeros electorales descalificaron la actitud del gobierno federal y la Cámara de Diputados, que no han atendido las peticiones para brindar recursos. “El INE no pidió la consulta pero cumplirá con su responsabilidad. Necesitamos que exista un acompañamiento para que sea exitosa y no se deje al garete de la inanición presupuestal”, reprochó el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Con matices, los consejeros cerraron filas para reclamar la falta de respuesta gubernamental, a pesar de que hay gestiones ante la Secretaría de Hacienda y existe una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia sobre su financiamiento.

El INE hará esfuerzos presupuestales y humanos para sacarla adelante, sostuvo el consejero Uuc Kib Espadas, pero este “sufrimiento institucional no dará las condiciones óptimas para su realización. Esperemos que esté obligado abaratamiento de la consulta popular, no sea precedente de lo que serán las elecciones a futuro”.

Al explicar las gestiones, Córdova informó de un nuevo escenario para reducir costos y buscar la viabilidad de la consulta. Detalló que el año pasado se acordó que a diferencia de las 163 mil casillas que se instalarán el 6 de junio en las elecciones federales, la consulta se efectuaría con 104 mil, a un costo de mil 499 millones de pesos. Ante la renuencia de aprobar estos recursos y que las gestiones ante la SHCP no han prosperado, se plantea un nuevo escenario: 91 mil casillas a un costo de 890 millones de pesos.

Existe una intensa interlocución con Hacienda. Se plantearon los escenarios “pero no hemos recibido respuesta”, por eso el plan está sujeto a sufrir modificaciones, porque dependerá de las suficiencias presupuestarias, expresó Córdova. “El INE cumplirá sus obligaciones, pero en la medida de sus posibilidades presupuestales se determinará en qué condiciones y con qué dimensiones. Nadie está obligado a lo imposible”.

El consejero Ciro Murayama apeló las máximas bíblicas en alusión de que no aplica la multiplicación de los peces. La organización de la consulta se desarrolla en condiciones anormales básicas: la incertidumbre presupuestal.

Entre los partidos hubo críticas y reivindicaciones. El representante de Morena, Eurípides Flores, destacó la importancia de consultar a la sociedad.

El panista Obdulio Ávila centró sus críticas en Andrés Manuel López Obrador, pues será muy costoso realizar una consulta popular para satisfacer “el capricho presidencial”, en un ejercicio dotado de una “alta carga de populismo y demagogia”.

El perredista Arturo Prida consideró que esta consulta se realiza únicamente por “la necedad del Presidente, un capricho más.”