El acuerdo entre el gobierno federal, sindicatos y la iniciativa privada en materia de subcontratación laboral debe traducirse en una reforma a la ley que establezca la obligación de respetar los derechos de los trabajadores, a fin de evitar “simulaciones”, señaló Reyes Soberanis Moreno, presidente electo del Congreso del Trabajo (CT).
Al respecto, Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical,coincidió en que tras el acuerdo falta que los legisladores lo traduzcan en una reforma a la ley, “por lo tanto en realidad las consecuencias específicas aún están por verse”.
Un aspecto fundamental, apuntó, para que las nuevas reglas de subcontratación se respeten y se cumplan, es incluir “sanciones muy claras para las empresas que violen las disposiciones” que se coloquen en la ley. Al mismo tiempo, se deben reforzar los mecanismos de vigilancia, para asegurar que habrá un reparto de utilidades conforme a la ley y para hacer efectivos los derechos de los trabajadores, sus prestaciones y sean reconocidos como formales.
En entrevista, Soberanis Moreno –quien hoy tomará protesta como nuevo titular del CT– celebró el acuerdo que beneficiará a “14 por ciento de los trabajadores” que han laborado bajo esa figura de subcontratación laboral. No obstante, indicó, “esperamos que se consolide con los cambios a la ley” para que sea obligatorio.
“Los acuerdos tienen un contenido que si no se traducen en prácticas reales, de nada sirven, entonces falta que se reforme la ley. El acuerdo no genera obligación, eso no está establecido, apenas se va a trasladar a las Cámaras (del Congreso de la Unión)”, subrayó el actual secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria.
Por su parte, el grupo Manpower señaló que con los acuerdos anunciados “hay un panorama más claro para la toma de decisiones en torno a la contratación de personal y generación de empleo”. Sin embargo, prohibir la actividad “no cierra los caminos a las malas prácticas de contratación que existen en el país”.
Héctor Márquez, ejecutivo de Manpower Group, indicó que no todos los empleados podrían ser contratados como empleados de base. Afirmó que, según sus análisis, 60 por ciento de los empleadores realizarían la contratación bajo esquemas sin seguridad social tales como honorarios asimilados al salario, derechos de autor, incluso pagándoles a través de sindicatos o cooperativas.
