Con el reconocimiento de que contiene antinomias, violaciones a derechos humanos y visos de inconstitucionalidad, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobó ayer el ordenamiento sin cambios a la minuta de la Ley Federal de Regulación del Cannabis que envió la Cámara de Diputados, donde la iniciativa se avaló entre el 10 y el 11 de marzo. El lunes, la Comisión de Justicia del Senado había dado su visto bueno a la propuesta con la objeción –además de las expresadas ayer– de que elimina los beneficios a las comunidades indígenas y pone por delante a las trasnacionales, por lo que únicamente falta la aprobación de la Comisión de Salud para que el texto pase al pleno.
Senadores oficialistas y de oposición coincidieron en que en San Lázaro la minuta se modificó de tal manera que se da al traste con una redacción en la cual se integraban las voces expresadas en parlamento abierto, así como las recomendaciones de especialistas nacionales e internacionales, universidades e instituciones de salud. De acuerdo con el senador morenista Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, los legisladores del partido gobernante votaron a favor de la iniciativa a fin de evitar el “peloteo” de Cámara a Cámara y dar cumplimiento a la orden de la Suprema Corte de adecuar las leyes a la jurisprudencia que declara inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la mariguana. En diversas instancias, los correligionarios de Menchaca manifestaron que una vez publicado el decreto se pueden presentar iniciativas para mejorar y modificar la ley.
Más allá de todo lo perfectible que resulta el texto actual de la norma, el problema de fondo estriba en dar un primer paso hacia la regulación de las drogas hasta hoy ilegales, un terreno necesariamente polémico e incierto por cuanto implica chocar con estereotipos y prejuicios de gran raigambre social. En este sentido, el cambio del paradigma coercitivo por el regulatorio tiene los beneficios inmediatos de sacar del ámbito criminal a los consumidores y a los productores que cumplan con los requisitos establecidos y de trasladar este asunto del ámbito policial al de la salud pública, de donde nunca debió salir. Está por verse, y es deseable que así sea, si la regulación de la mariguana se traducirá además en una baja de los índices delictivos.
Sin perder de vista que el camino regulatorio está lleno de dudas e incertidumbres, el inapelable fracaso de la prohibición deja claro que es impostergable transitarlo: penalizar el consumo de estupefacientes no sólo no tiene efecto alguno en la reducción del número de consumidores, sino que genera problemáticas incluso más graves. Por ello, cualquiera que sea su redacción final al momento de promulgarse, esta ley abre la brecha para debatir en torno a la regulación de todas las drogas como estrategia de combate a fenómenos delictivos cuyo origen se encuentra, no en el consumo, sino en la prohibición: el narcotráfico, el lavado de dinero, la violencia exacerbada o la introducción al mercado de estupefacientes de sustancias más baratas, adictivas y dañinas que las drogas ilícitas tradicionales.
Por lo dicho, la iniciativa de Ley Federal de Regulación del Cannabis debe ser vista como un paso hacia el cambio de paradigma y cabe esperar que sus errores e inconsistencias se corrijan en el futuro cercano para potenciar sus elementos benéficos.
