El acuerdo alcanzado ayer entre gobierno federal, empresarios y sindicatos prohíbe la subcontratación de personal para actividades como limpieza o seguridad, entre otros, pero mantiene la posibilidad de terciarización para “servicios especializados” en actividades con características técnicas difíciles de encontrar en el mercado laboral, o bien para proyectos temporales. Además, modifica la forma en que se define el reparto de utilidades para trabajadores y establece dos opciones para ello, una de las cuales contempla un tope de tres meses de salario.
Al respecto, el senador Napoleón Gómez Urrutia, uno de los principales impulsores de la regulación, expuso que es un avance importante, y aunque “no es definitivo”, porque este sistema deformó toda la realidad económica, y pese a lo difícil de la negociación, se logró un acuerdo que beneficiará a los trabajadores, a la hacienda pública y al sector privado.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) apuntó que después de tres meses de diálogos “se lograron atender las preocupaciones de los sectores”.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detalló que el acuerdo alcanzado ayer en Palacio Nacional de manera tripartita contempla “la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados”.
Gómez Urrutia expuso que con la propuesta se prohíbe todo tipo de outsourcing o de insourcing para funciones como servicios de limpieza, seguridad o atención en mostrador, entre otras, o en dado caso, deberán cumplir con las nuevas disposiciones que se establecerán para el pago completo de derechos laborales “con salarios reales”.
Aunque las modificaciones propuestas representan un beneficio para los trabajadores, alertó que ante el riesgo que empresas busquen formas de evasión, se debe priorizar en la vigilancia del cumplimiento de las medidas.
Otro de los puntos que integran el acuerdo es la definición de responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento para la empresa contratante y la que aparece como patrón, así como el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.
Debate de meses
El debate sobre subcontratación comenzó el año pasado con una iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo federal, cuya discusión se mantiene en San Lázaro.
Durante foros de análisis de la propuesta, el sector empresarial instó a regular el tema de reparto de utilidades y de manera reiterada propuso que se avale una diferenciación acorde a las percepciones de cada empleado.
La STPS explicó que el convenio abarca este tema para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital y crea dos modalidades para el cálculo del reparto.
Una será con un límite de tres meses de salario y la otra con el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, detalló el CCE.
“Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento de 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores”, agregó la dependencia.
Lo que obtuvieron los empresarios fue topar el reparto de utilidades a tres meses, en lugar del 10 por ciento de ganancias de la empresa establecido en la ley actual, explicó por separado Gómez Urrutia. Además, consideró que hay condiciones para su aprobación en el Congreso este mismo mes.
