Los gobiernos de Norte y Centroamérica deben implementar estrategias regionales, de responsabilidad compartida y cooperación internacional para abordar las causas estructurales de la migración en la zona, aseveró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el caso de México, enfatizó, las autoridades deben permitir el ingreso a su territorio de personas en situación de movilidad con el fin de garantizar el acceso a procedimientos de asilo, apatridia, protección complementaria o regularización migratoria, y evitar que la funciones realizadas con el control migratorio sean realizadas por elementos militares.
En sus observaciones preliminares de la reciente visita virtual que realizó a México para verificar la situación del desplazamiento irregular, el organismo manifestó su preocupación por las condiciones y riesgos para esa población, entre ellos detenciones prolongadas y en hacinamiento, trata de personas, asaltos, extorsiones, secuestros y violaciones sexuales; discriminación; indebida atención a la salud en contexto de pandemia por Covid-19; falta de garantía a los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros.
A invitación del Estado mexicano, la CIDH realizó su primera visita de trabajo virtual –debido a la pandemia– a México para analizar el fenómeno migratorio del 16 al 18 de diciembre de 2020 y del 11 al 12 de enero de 2021, a fin de obtener información sobre la situación de movilidad humana en el país, en particular sobre la realidad transfronteriza.
En sus recomendaciones, la CIDH señaló que se debe asegurar a los migrantes el debido proceso y resolución a sus solicitudes humanitarias, y en el caso de niñas, niños y adolescentes, hay que observar su interés superior y permitir acceso al territorio.
