Este 4 de abril comenzaron las campañas políticas para renovar el Congreso federal y, con diferencia de unos días, se han iniciado o están por empezar también en 15 estados para renovar las gubernaturas, en 30 para renovar los congresos estatales, y para elegir a casi 2 mil ayuntamientos: 500 diputaciones federales, sumados los dos criterios, y 19 mil 915 cargos locales, que incluyen mil 923 presidencias municipales, 14 mil 222 regidurías, 2 mil 57 sindicaturas, 204 concejalías, 431 juntas municipales y presidencias de comunidad, 642 diputados por mayoría en congresos estatales y 421 legisladores locales de representación proporcional. Es el mayor proceso electoral en la historia de México.
También es el mayor número de ciudadanos inscritos y con credencial de elector vigente la lista nominal, integrada por 92 millones 684 mil personas, 47 millones 835 mil mujeres y 44 millones 568 mil hombres. Es decir, 3 millones y medio más que en el proceso federal de 2018.
La cifra de partidos políticos participantes, solos o en coalición, es igualmente novedoso: 10 fuerzas políticas nacionales, tres de ellas por primera vez en contienda: Fuerza Social por México, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario, las cuales están impedidas legalmente de participar en coaliciones y van con su propia militancia.
En lo relativo a las elecciones para diputados federales, la coalición Va por México, conformada por PRI, PAN y PRD, registró candidaturas en 219 distritos, mientras la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y PVEM, hizo lo propio en 183 distritos.
Una alianza atípica la primera, conformada por las tres organizaciones nacionales que fueron el eje del sistema de partidos políticos por cuatro décadas, con sus diferencias ideológicas a salvo, pero unidas esta vez por el imperativo de defender el andamiaje institucional, los derechos adquiridos de los mexicanos y en especial los necesarios contrapesos que caracterizan a toda democracia genuina, el debate que enriquece las ideas y nutre las leyes federales, sobre todo en sistemas presidenciales.
También por primera vez la legislación constitucional y los códigos electorales federales y estatales, con la reglamentación que faltaba, permitirán el fenómeno de la relección de los diputados, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas, derecho que han ejercido, en distinto grado, todos los partidos políticos con registro previo a la actual contienda.
Es un proceso inédito no sólo por el volumen de elecciones concurrentes, el número de partidos políticos participantes, el universo de ciudadanos y la posibilidad de la relección legislativa, sino también por las difíciles condiciones sanitarias en toda la geografía nacional, la lucha por contener la mayor amenaza mundial a la salud en los últimos 103 años, después de la gripe española de 1918, y el mayor reto a la economía global después del crac de la bolsa de 1929.
Estas condiciones obligan, como han recomendado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, y como ha mandatado la propia autoridad electoral, a observar reglas y criterios especiales para evitar la propagación de los contagios, como ha ocurrido en otros países. Especialmente, campañas virtuales, evitar o cuando menos limitar las concentraciones, en el espíritu de la sana distancia, uso del cubrebocas y disposición masiva de desinfectantes.
Lo primero es la salud, más allá de las diferencias ideológicas de los mexicanos, por lo que es responsabilidad compartida que el proceso electoral, incluidas campañas y jornada electoral, transcurran en las mejores condiciones de asepsia y prevención de los contagios, una lucha que está todavía lejos de ser ganada, en México y en el mundo.
Importa también, por supuesto, la nueva conformación de la Cámara de Diputados y la geografía política del país que emerja del voto ciudadano, lo que Antonio Gramsci llamaba la nueva hegemonía, en este caso el bloque que cogobernará y fiscalizará desde el Congreso.
Los quiénes y los cómos para enfrentar los desafíos de esta difícil etapa del país, luego del decrecimiento del PIB de casi 9 por ciento en 2020, los nuevos 10 millones de pobres, y la pérdida del poder adquisitivo promedio del salario, que lo ha hecho insuficiente para adquirir una canasta básica, ahora en 3.4 por ciento más de la población que en el 2019, según el Coneval. En particular, recuperar el terreno perdido en la lucha de los pueblos indígenas por su derecho a la justicia y el desarrollo.
Ese es el gran reto, en lo económico y en lo social. En lo político, un tema no menor, restaurar la concordia nacional, reducir la crispación y el encono, la polarización que a nadie conviene, abonar a la unidad nacional, poner los intereses de México por delante.
Con todas las medidas sanitarias, las campañas deben poner el acento en las ideas y en las propuestas. Qué respuestas concretas de los partidos y las coaliciones a los grandes pasivos nacionales, especialmente pobreza, desigualdad y desempleo, que crecieron por la pandemia, pero también por las políticas públicas aplicadas. En unidad nacional y con debate democrático en un sistema de pesos y contrapesos, las fórmulas para encarar esos retos deben construirse y luego aplicarse con diligencia y puntualidad.
