Ayer, al término de una reunión con dirigentes sindicales, líderes empresariales, funcionarios de su gobierno y los coordinadores de las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados y el de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la consecución de “un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades”. El mandatario divulgó el hecho, sin dar más detalles, por medio de su cuenta de Twitter.
Es pertinente recordar que desde noviembre del año pasado, el titular del Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Impuesto al Valor Agregado y Federal del Trabajo, con el propósito de poner fin a esa práctica, conocida como outsourcing, que por décadas ha permitido a los empleadores eludir obligaciones legales para con sus trabajadores. Tal medida generó expresiones de rechazo por parte de los organismos cúpula empresariales, lo cual llevó al inicio, el mes siguiente, de negociaciones entre gobierno, sindicatos y la parte patronal.
En el curso de las pláticas se agregó el asunto del reparto de utilidades, una obligación que en el marco legal actual puede ser minimizada o eludida por los empleadores mediante triquiñuelas legales y también, desde luego, por medio de la subcontratación, lo que en los hechos resulta nugatorio de ese derecho laboral.
En esta materia, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que propuso en la reunión de ayer la creación de dos modalidades para que los propios trabajadores definan su reparto de utilidades: con un límite de tres meses de salario o con el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Asimismo, dijo que hubo acuerdo para prohibir la subcontratación de personal, la regulación para subcontratar servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, así como la creación de un registro en la Secretaría del Trabajo de un padrón de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.
En suma, la autoridad federal, las organizaciones laborales presentes en el encuentro y los representantes de la iniciativa privada parecen haber encontrado una fórmula que, sin afectar negativamente el desempeño de las empresas, permita poner fin a extendidas y añejas injusticias laborales que han afectado a incontables trabajadores y que se derivan de la permisividad tanto de las leyes como de los responsables de aplicarlas para con el outsourcing, el cual se ha convertido en un verdadero tráfico de trabajadores y en un mecanismo para burlar derechos laborales básicos.
Cabe esperar que el acuerdo de ayer sea incorporado a la brevedad al paquete de reformas que López Obrador envió al Legislativo desde noviembre del año pasado y que en breve la subcontratación sea sólo un mal recuerdo.
