La falta de ingresos suficientes para adquirir alimentos se amplió durante 2020 en México. A las personas que han permanecido en pobreza durante los pasados dos años, al cierre de 2020 les faltaban en promedio 955 pesos para poder adquirir una canasta alimenticia, es decir, 64.8 por ciento del precio de ésta; mientras en 2019 el faltante fue de 843 pesos, equivalente a 61.2 por ciento, estima el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

A esta “intensidad de la pobreza” se suma la desigualdad en el ingreso, la cual aumentó 4 por ciento el año pasado, siendo que en el mismo lapso de 2019 se había reducido 1.1 por ciento, añadió. La situación indica “una significativa reducción de la movilidad social derivada del mercado de trabajo”.

En su cuarto Boletín de movilidad social en el mercado de trabajo, reportó que el aumento en la “pobreza más aguda de ingresos” se ha alimentado de los estratos intermedios y de una parte de los de mayor ingreso. Entre el cuarto trimestre de 2019 y el de 2020, 13 millones de personas en lo quintiles tres, cuatro y cinco pasaron a las filas de 40 por ciento de la población con menores ingresos laborales del país (un quintil equivale a 20 por ciento de la población total).

“Tanto en las dimensiones no monetarias como en el ingreso hubo retrocesos en las posiciones de mayor ventaja”, explicó.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para el cuarto trimestre del año pasado 40.7 por ciento de la población no podía acceder a la canasta mínima de alimentos mediante su ingreso laboral, cuando en el mismo periodo de 2019 esta cifra fue de 37.3 por ciento.

El CEEY destaca que se ha reducido el porcentaje de población que puede superar la condición de pobreza. En 2019 se redujo dos puntos porcentuales la población que cayó en pobreza y para 2020 se muestra una reducción de 4 por ciento en la movilidad de los trabajadores que permanecían en esta condición.

Agregó que ante la coyuntura actual se requiere revaluar la pertinencia de dar estímulos al empleo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y las devoluciones extraordinarias de impuestos a los trabajadores por cuenta propia. Se estima que estas acciones representen una erogación de 1.08 por ciento del PIB de 2019.