Como tantas veces antes “los árboles no dejan ver el bosque”. Entregados a la dictadura de la contingencia en un mundo maniqueo dominado por rígidos alineamientos en bloques ideológicos (amigo/enemigo, democracia/comunismo, mundo libre/eje del mal), en la actual coyuntura esa frase a modo de proverbio se ajusta a una realidad ayuna de visiones de contexto y largo plazo signadas por la lucha de clases e intereses geopolíticos. La relación bilateral Estados Unidos-México no escapa a esa lógica dicotómica.
Como hace cada año, el país que arrojó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y descargó toneladas de napalm sobre el pueblo vietnamita; que prohijó las dictaduras de Somoza, Duvalier, Pinochet, Videla, Bánzer, Bordaberry y un largo etcétera, incluida la aventura cívico-policial-militar de la golpista Jeanine Áñez en Bolivia; que sometió a guerras de destrucción masiva a Irak y Siria, y a ilegales bloqueos coercitivos unilaterales a Cuba y Venezuela bajo los gobiernos demócratas de Clinton y Obama, acaba de difundir su Informe anual sobre prácticas de derechos humanos 2020, elaborado por el Departamento de Estado.
Al presentarlo, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la administración Biden se ha comprometido “a poner los derechos humanos de regreso en el centro de la política exterior estadunidense”. En lenguaje orwelliano, significa que usará los derechos humanos como una herramienta más de su política injerencista de “doble rasero” contra determinados enemigos. No es casual que México, país aliado de EU, aparezca en la lista junto a China, Rusia, Siria, Venezuela, Nicaragua y Cuba.
El informe incluye evidencias sobre México, incluida la práctica de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas, con su deriva necropolítica bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, pero omite decir que la guerra de exterminio por territorios y recursos geoestratégicos en la era del capitalismo criminal, en la que participaron las instituciones armadas con sus aparatos paramilitares y/o de “autodefensa” (ver Plan de Campaña Chiapas 94 de la Sedena), las más de las veces en colusión o cohabitación con grupos de la economía criminal, incubaron y cobraron fuerza durante los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y se profundizaron en el marco de la Iniciativa Mérida y la “guerra a las drogas” impuestas por el Pentágono a Felipe Calderón.
En ese contexto, con una retórica propia de la guerra fría, el pasado 17 de marzo los jefes de los comandos Norte y Sur del Pentágono, general Glen Van Herck y almirante Craig Faller, deslizaron la tesis para nada inocente, de que organizaciones criminales trasnacionales, Rusia y el Partido Comunista de China tienen al hemisferio occidental “bajo asalto”, afectando la seguridad nacional de EU; lo que requiere una “acción inmediata” del dúo Biden/Kamala Harris para mantener seguro al “vecindario”. México fue incluido en esa lógica bajo el supuesto de que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que presuntamente operan en “zonas no gobernadas” en “un tercio” del territorio nacional, junto con la pandemia del Covid-19 y la crisis económica están generando inestabilidad política, lo que es “explotado” por China y Rusia.
En el marco de una crisis estructural del sistema, y tras los cuatro años de la administración Trump en la Casa Blanca, el mundo actual ha sufrido una recomposición geopolítica con eje en la tríada EU, China, Rusia, de signo incierto y que según algunos pronósticos podría derivar hacia 2030 en una confrontación armada por la hegemonía. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía de EU se ha basado en el dominio de las rutas marítimas y su superioridad tecnológica. Según fuentes del Pentágono citadas por el periódico inglés The Times, con base en unos “juegos de guerra” simulados en 2030, EU perdería una guerra naval con China en el Pacífico. El análisis concluía que todas las bases de EU en la región del Comando Indo-Pacífico serían “abrumadas” por los misiles balísticos de alcance medio chinos, incluida la isla de Guam, principal base de los bombarderos estratégicos B-2 Spirit.
A su vez, la actual “guerra” por el liderazgo digital del mundo, con sus columnas centrales: la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las redes 5G y el big data cobrarán un nuevo impulso en clave geopolítica. Y como antes de la irrupción del coronavirus, la disputa sobre cuál sociedad digitalizada y bajo qué modelo seguirá siendo librada entre EU y China.
México, junto a Venezuela y Bolivia, ricos en hidrocarburos, litio, tierras raras, agua e infraestructura, son territorios en disputa entre las potencias. En su fase de decadencia, el imperio, en alianza con la plutocracia local mediante el tratado de libre comercio, no puede permitir que México −pieza clave en su zona de influencia “natural”, incluida la cultural/ideológica a través de los grandes medios cartelizados y ONG financiadas por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la Open Society, de George Soros, Freedom House y la Fundación Nacional para la Democracia, patrocinadoras de golpes suaves y acciones encubiertas de “cambio de régimen”− intente desarrollar una política de intervencionismo estatal de corte nacionalista en sectores clave de la economía como Pemex (hidrocarburos) y la CFE (electricidad), limitando el acceso de las corporaciones y los fondos de inversión extranjeros a los recursos geoestratégicos de la nación, ni, mucho menos, impulsar unas instituciones armadas autónomas en cuanto a la doctrina y al equipamiento militar estadunidense; ergo, fuera del control del Comando Norte del Pentágono.
