Ciudad de México. Diez niños sentados en el piso de la Plaza de la Constitución juegan a pasarse una pelota rosa de plástico, mientras seis mujeres los cuidan y participan en la ronda. A unos metros de distancia, el fuerte viento infla las carpas donde han vivido en los dos meses recientes.

Son integrantes del pueblo triqui, de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, desplazados en diciembre pasado, por violencia en su comunidad y en estos días, así sea de lejos, comparten el Zócalo con otras cuatro protestas, dispares entre sí.

Es la Semana Santa, pero todos ellos esperan a que llegue el lunes para reiterar sus peticiones al presidente López Obrador o ir de nuevo a las dependencias a exigir justicia.

En la parte sur de la plancha, una señorita recolecta firmas para promover “juicio político” contra Lorenzo Córdova”, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. La acción es encabezada por un grupo cuyo interés – señalan– es impedir la relección de la alcaldesa de Atizapán, Ruth Olvera. Ellos llevan 12 días en plantón.

En el perímetro de la plaza, justo frente al balcón presidencial, están los triquis, quienes se dicen amenazados por el Movimiento Unificador Lucha Triqui.

“Sí tenemos (cita en Gobernación) pero es puro cuento. El gobierno promete mucho, pero no da resultado que diga: ‘tal fecha regresen (a sus casas), pero con la protección de la Guardia Nacional’. Es lo que exigimos. No queremos dinero o casas, sino nada más seguridad”, expone Gerardo Martínez García, agente suplente de Tierra Blanca Copala.

Cerca de ahí, casi al pie del asta bandera monumental del Zócalo, Mary está en plantón desde hace 35 días y ha pintado en el suelo una enorme etiqueta de redes sociales: #IsraelVallartaLibreYa.

De la pequeña y endeble casita hecha con lienzos de plástico que en cualquier momento de este día ventoso podría volar, sale la mujer arreglándose el cabello.

“Me agarraste en fachas”, dice apenada, pero narra que está a la espera de un suceso importante porque buscan concretar una videollamada entre la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Vallarta, quien ya lleva 15 años en prisión sin ser sentenciado.

La imagen de Israel en la manta deprotesta es la misma de aquel día de diciembre de 2005 cuando –junto a Florence Cassez– fue detenido y acusado de ser el líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco.

Es él mirando hacia abajo, el joven de suéter verde olivo que vieron millones en el operativo policial montado para la televisión por el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna. Por instrucciones del presidente López Obrador, la secretaria Sánchez Cordero atiende el caso. “Pero hay obstáculos que están metiendo mano, como la señora Isabel Miranda de Wallace, Carlos Loret de Mola y otros tentáculos de García Luna en el Cefereso”, acusa Mary, activista y esposa de Israel. ¿Esposa? Sí –añade–. Por años se comunicaron por carta y se casaron.

Ahí mismo pende otra manta en la que se lee: “Pablo Solórzano Castro, víctima de extorsión, tortura física y sicológica, acusado falsamente del secuestro del joven Fernando Martí. Agentes que lo detuvieron fueron los mismos que lo habían extorsionado ¡Qué caro salió no haber pagado medio millón de pesos a cambio de su libertad”.

Y también en el centro de la plaza, desde hace un mes está Raúl Tercero Arriola, padre de Damián y Alejandro a quienes “extrajudicialmente el Ejército ejecutó el 3 de junio” pasado, acusa.

En la conversación, pidió al Presidente “se indigne” ante lo ocurrido con Damián, de 18 años, y Alejandro, de 16 años, y haga justicia a los muchachos que llegaron en enero de 2020 a Nuevo Laredo, procedentes de Chiapas, para trabajar en la frontera junto con su padre. El cuerpo de Damián fue hallado, pero Alejandro está en calidad de desaparecido.

Raúl lamentó que el Ejército haya aceptado esta semana, de inmediato, haber tenido una “reacción errónea” en un puesto de revisión en la frontera sur, donde fue asesinado un ciudadano guatemalteco, y siga sin haber justicia para sus muchachos, pese a los indicios presentadas en la Fiscalía de Tamaulipas.

“Tienen pruebas suficientes, no sé qué es lo que espera el presidente Andrés Manuel sobre la matanza que sigue haciendo el Ejército. ¿Por qué se hace de la vista gorda conmigo y allá (en Chiapas) ya se aceptó? Aquí hay fotografías y videos (de la ejecución) que ya están en la carpeta de investigación”, aseguró.

Las cinco protestas ya tienen registro en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, cuya titular, Leticia Ramírez, reportó que del 3 de diciembre de 2018 a febrero pasado ha atendido 210 mil 187 asuntos, un promedio diario de 450, de los cuales casi 80 por ciento tuvo respuesta en la dependencia en la que correspondía.

Hace unos días, la funcionaria contó en la conferencia de prensa matutina que cada vez más gente acude a denunciar injusticias de personas detenidas, pero sobre todo claman: “quiero hablar con el Presidente”.