Las organizaciones de la sociedad civil no sólo no hemos guardado silencio, sino que desde hace más de cuatro décadas acompañamos casos de violaciones graves a derechos humanos. Junto a víctimas y sobrevivientes buscamos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Numerosas personas, organizaciones y redes, así como organismos internacionales defensores de derechos humanos, han estado presentes y se han pronunciado en casos y procesos de violaciones graves: detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas de personas; desplazamientos internos forzados; asesinatos; masacres; feminicidios; ejecuciones extrajudiciales; tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, por mencionar algunas.
Durante la Edad Media se decía: Nos sumus sicut nanus positus super humerus gigantis, lo que quiere decir que “somos como enanos colocados en hombros de gigantes”. En este sentido, en los hombros de estas personas, organizaciones, redes y organismos internacionales defensores de derechos humanos, observamos una parte del camino de las víctimas y sobrevivientes en sus procesos de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición.
En sus hombros miramos una parte de la composición de nuestro país, ya que incontables personas y organizaciones defensoras de derechos humanos tienen un papel fundamental, porque contribuyen, de manera esencial y creativa –muchas de ellas a partir de perspectivas progresistas, críticas, alternativas y contrahegemónicas– al fortalecimiento de la democracia, al respeto de los derechos de todas las personas, y a la construcción de un México en paz, con justicia y dignidad. Desde sus hombros se ven luchas sociales y posicionamientos políticos que han suscitado acontecimientos trascendentes en México, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de junio de 2011, y la promulgación de la Ley General de Víctimas. Arriba de sus hombros se ven las lágrimas, la indignación, las luchas, y las exigencias y conquistas de las miles de víctimas y sobrevivientes en México.
Sobre ellos observan una crisis de derechos humanos y un contexto de violencias generalizadas y sistemáticas, así como una situación de criminalización, hostigamiento, represión, amenazas y asesinatos en su contra. Según Front Line Defenders, de 2016 a 2017 se produjeron mil 442 ataques contra personas defensoras en el país. En el periodo de 2013 a 2018 fueron asesinadas 144. Y de acuerdo con Human Rights Watch, fueron asesinadas 20 en 2019 y 19 en 2020.
Lamentablemente, desde sus hombros se reconoce el colapso acelerado de algunas instituciones y organismos que, parece ser, se han ido alejando de su vocación primera, de lo que son sus obligaciones y deberes: respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos en el país, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones.
Al ejercer su derecho a defender derechos humanos, personas, organizaciones, organismos internacionales y redes defensoras cuestionan a las autoridades, alzan la voz, condenan y resisten ante las adversidades, aunque también dialogan y proponen. En muchas ocasiones luchan de forma silenciosa y discreta. Hay quienes reconocen autocríticamente sus fortalezas y áreas de oportunidad. Quienes traen luz y amor en medio de la oscuridad y la incertidumbre. A veces esperan contra toda esperanza, especialmente en contextos de recursos escasos, donde hacen lo que pueden, con lo poco que tienen, aunque esto implique que sus vidas corran peligro.
También son agentes de cambio social, porque, entre otras cosas, promueven políticas públicas. A través del acompañamiento integral y de herramientas, como la educación popular, la incidencia política, la investigación, el litigio estratégico, la comunicación y la visibilización, contribuyen al fortalecimiento de sujetos políticos de justiciabilidad y exigibilidad de derechos.
Acompañan a grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica, o de atención prioritaria, como son las víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos; pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; movimientos sociales, populares y campesinos; personas adultas mayores; niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género; personas y organizaciones defensoras de derechos humanos; de la diversidad sexual o en situación de calle; personas migrantes y refugiadas, y personas privadas de su libertad.
El país tiene una deuda histórica con personas, organizaciones, organismos internacionales y redes defensoras de derechos humanos. Luego de tantos y tantos años, son incalculables e insustituibles los aportes que han hecho con su labor, pese a que, como dijo la escritora Elena Ferrante, hay quienes desconocen el camino del ayer, del anteayer y del mañana, porque todo se reduce al ahora, un ahora a modo.
