Las modificaciones que los diputados hicieron a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis viola derechos humanos de los consumidores de mariguana y acaba con el contenido social de la reforma, al eliminar el trato preferencial a campesinos, ejidatarios, comunidades indígenas y marginadas en la producción de esa droga, advirtieron los senadores de Morena Jesusa Rodríguez y José Narro.

En entrevistas por separado, lamentaron que en San Lázaro se haya eliminado esa preferencia para el cultivo de mariguana, que incluía también a comunidades afectadas por el crimen organizado. La senadora Rodríguez coincidió, sin embargo, con la propuesta contenida en el proyecto de dictamen, de aceptar los cambios para que la ley se promulgue, entre en vigor y se presente de inmediato una iniciativa para corregir lo mal hecho por los diputados.

El senador Narro comentó que propondrá que se haga un último intento para consensuar con los diputados que se corrija por lo menos el tema de los campesinos, ya que es importante recuperar el trato preferente, ya que por años han producido mariguana, pero obligados por narcotraficantes, que además les pagaban precios irrisorios.

Lo más justo, dijo, es que ahora que se liberó la producción y el consumo de cannabis, los campesinos, ejidatarios y las comunidades indígenas se beneficien y puedan dedicarse a esa actividad, con preferencia sobre otros productores.

“Es importante que las grandes corporaciones no se aprovechen de la situación, por eso en la minuta que se aprobó en el Senado, se trató de que los campesinos no quedaran desprotegidos”, comentó por separado la senadora Rodríguez.

En el proyecto de dictamen ela-borado por las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, se hace notar que la minuta que salió del Senado establecía que a esos grupos de campesinos, indígenas y de comunidades marginadas o que hubieran padecido el asedio de narcotraficantes, se les otorgaría al menos 40 por ciento de las concesiones para el cultivo de mariguana, durante un periodo no menor a cinco años, luego de la entrada en vigor de la ley.

En San Lázaro, sin embargo, se cambió la redacción del artículo sexto transitorio, se eliminó el límite de por lo menos 40 por ciento para señalar que “como medida de justicia social” habrá preferencia a las solicitudes de licencia que presenten ejidatarios, comuneros, campesinos, comunidades indígenas a título personal o a través de empresas o cooperativas, durante una vigencia máxima de tres años contados a partir de su expedición”.

La Cámara de Diputados “redujo el alcance de las acciones afirmativas que contenía la minuta del Senado, tanto más que este promovía en el citado transitorio el empoderamiento e independencia económica de las personas y grupos afectados por la prohibición o que se encuentren en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando se trate de mujeres”.

Por si fuera poco, se impusieron “una serie de requisitos excesivos, incongruentes e imposibles de cumplir” para tener derecho al cultivo de cannabis, entre ellos la obligación de acreditar quiénes serán sus posibles compradores y demostrar que son personas con licencia o que se encuentra en trámite de la misma , cuando tal información es privada y propia de los titulares”.