Bucaramanga. El ejército colombiano informó ayer del hallazgo de cuatro fosas comunes en el departamento de Nariño, al suroeste del país, que corresponderían a miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las identidades de los cadáveres no se han determinado y son investigadas por la institución forense del país. “Serán las autoridades judiciales, que asumieron la investigación del hecho, las encargadas de informar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron” las muertes, detalló el ejército en un comunicado.
La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, que opera en Nariño, indicó que las fosas comunes fueron ubicadas con información suministrada por la comunidad en el municipio Olaya Herrera, corredor estratégico para el narcotráfico. En la zona hay varias facciones de la desmovilizada guerrilla de las FARC, que operan con estructuras criminales distintas y se disputan el control de los cultivos de coca y las rutas de narcotráfico en un departamento que limita al norte con el océano Pacífico y al sur con Ecuador.
De acuerdo con el ejército, los cuerpos hallados serían de integrantes del Bloque Occidental Alfonso Cano, quienes “posiblemente habrían muerto producto de las confrontaciones armadas” contra integrantes de la Columna Móvil Franco Benavides de las FARC.
El año anterior las autoridades encontraron en dos ocasiones fosas comunes en Nariño, con las mismas características. En enero de 2020 se reportaron dos con seis cuerpos en el municipio Olaya Herrera, y en febrero de 2021 hallaron otras tres sepulturas con cinco cadáveres, en el municipio vecino Roberto Payán.
Nariño es un territorio en disputa en el que la población civil es víctima de los grupos ilegales. El 28 de marzo fue asesinado por hombres armados en Tumaco, la capital de Nariño, el líder indígena José Santos López. La Unidad Indígena del Pueblo Awá, que asocia a autoridades tradicionales, reportó el 31 de marzo que en el año reciente han sido asesinados 38 miembros de su comunidad, por lo que advirtieron una “crisis humanitaria”.
El departamento es uno de los territorios con mayor cantidad de cultivos ilícitos en Colombia. Aunque dejó de ser el más afectado, supera las 36 mil 900 hectáreas de coca sembrada, de acuerdo con el reporte de 2019 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
