Rangún. La junta militar de Myanmar fue objeto ayer de condena internacional por la muerte de 44 niños y las “desapariciones forzadas” de al menos 543 personas en la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado del pasado 1º de febrero, informó la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Cerca de 2 mil 700 personas han sido detenidas y no se sabe nada de cientos de ellas, según esta ONG local.

En un contexto de creciente violencia, la organización Save the Children indicó que el número de jóvenes muertos se ha más que duplicado en los pasados 12 días.

“Resulta alarmante que los niños figuren entre las víctimas de estos fatales ataques, pese a los llamados a protegerlos. Es particularmente aterrador que varios de esos menores hayan sido asesinados en sus casas, donde en principio deberían estar a salvo”, indica un comunicado de la organización.

Las autoridades han realizado detenciones durante registros nocturnos en domicilios de personas sospechosas de apoyar las manifestaciones o al movimiento de desobediencia civil contra el golpe.

Según Human Rights Watch (HRW), la junta ha provocado la “desaparición forzada” de cientos de personas al rehusarse a confirmar su ubicación o permitir a los detenidos el acceso a sus abogados.

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas manifestó el jueves en una declaración unánime que “condena enérgicamente” las muertes de cientos de civiles.

Reino Unido, antigua potencia colonial, impuso nuevas sanciones contra los intereses financieros de la junta, en concreto contra el conglomerado Myanmar Economic Corporation.

Ayer hubo más protestas en todo el país, informaron medios locales. Y en Rangún, la gente dejó flores en las paradas de autobús y otros lugares públicos en memoria de los muertos.

La líder Aung San Suu Kyi, depuesta por los militares, fue acusada de violar una ley sobre secretos de Estado que data de la época colonial, en una comparecencia por videoconferencia el jueves ante un tribunal de la capital, Naipyidó.

La premio Nobel de la Paz de 75 años ya era procesada por otros cargos, incluyendo incitación al desorden público. También se le acusa de recibir sobornos, pero todavía no ha sido inculpada por corrupción. Podría ser condenada a varios años de cárcel y quedar proscrita para siempre de la vida política.