Édgar Tungüí Rodríguez, ex secretario de Obras y ex comisionado para la Reconstrucción en la pasada administración capitalina, aceptó ser extraditado a México, indicó la Fiscalía General de Justicia (FGJ), además de que confirmó a la jueza española María Tardón la decisión de ser entregado “de forma voluntaria” a las autoridades mexicanas.

Luego de ser detenido por la Policía Nacional española en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Tungüí permaneció varias horas en una comisaría de esa ciudad, posteriormente compareció ante el juzgado número tres de la Audiencia Nacional de España, que está de guardia en estos días festivos y que preside la magistrada Tardón.

Durante su audiencia, el ex funcionario declaró que su intención era volver a México “para aclarar” su situación jurídica y que su predisposición con las autoridades judiciales era de colaboración.

Por lo tanto, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional, el detenido se mostró dispuesto a la entrega voluntaria e inmediata a México, con lo que se evitaría un largo y en ocasiones sinuoso proceso de extradición, como el que protagonizó recientemente el ex presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira.

La Policía Nacional española identificó al ex funcionario en el aeropuerto madrileño cuando intentaba abordar un vuelo, supuestamente con destino a México.

En la Ciudad de México, la FGJ indicó que avanzan las acciones diplomáticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y judiciales de la Fiscalía General de la República a fin de preservar el debido proceso, por lo que se prevé que al llegar al país se presente de inmediato ante un juez de control, previa revisión médica.

En 2019 Tungüí evadió a la justicia y de ser ubicado en París, al parecer por usar una tarjeta de crédito, se trasladó a España, por lo que el juez de control en la capital podría determinar la prisión preventiva justificada.

Las tres órdenes de aprehensión por la presunta comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades no es considerado grave, pero ante la evasión de la justicia no se descarta dicha medida.

La FGJ tampoco desecha que una vez que inicie el procedimiento judicial en contra de Tungüí pueda solicitar, por medio de su defensa, acogerse a la figura de testigo protegido al recurrir al criterio de oportunidad.

Entre otros casos, otorgó ilegalmente una autorización de apoyo económico por 116 millones 972 mil 376.15 pesos a los residentes de los inmuebles ubicados en calzada de Tlalpan 550, con un total de 390 departamentos, en la colonia Moderna, en Benito Juárez, que resultaron afectados por el sismo de septiembre de 2017.

Según las indagatorias, entregó esos apoyos sin haber reunido los requisitos establecidos en los lineamientos para la reconstrucción de viviendas en conjuntos habitacionales y edificios de uso multifamiliar.