Si la 4T desea sacudirse el yugo del neoliberalismo y reclamar la soberanía nacional, que mire a Pakistán. Ese país asiático está por derogar la mayoría de sus tratados bilaterales de inversiones (TBI), que lo atan de manos para el diseño e implantación de políticas públicas y regulaciones en favor del interés público. Los TBI, así como los capítulos de inversiones en tratados de libre comercio, como el TLCAN, definen las obligaciones que tienen los países para otorgar protecciones y privilegios a los inversionistas extranjeros, incluyendo la facultad de demandar a los estados en tribunales supranacionales, como el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. El privilegio principal es que los estados deben “compensar” a las empresas cuando regulaciones o políticas en favor del interés público y nacional afectan sus ganancias esperadas. Es una poderosa herramienta neocolonial, incluida en el T-MEC, que escasamente se discute públicamente cuando se debate en torno a la soberanía energética del país.
Pakistán fue el primer país en firmar un TBI, con Alemania, en 1959. Hoy, asediado por la demanda de más de 4 mil millones de dólares por una empresa minera australiana, ha decidido seguir el camino de muchos países dependientes que se encuentran reformando sus regímenes de “protección” (eufemismo de privilegio) a las inversiones trasnacionales y de solución de controversias supranacionales, incluyendo a Argentina, Ecuador, India, Indonesia y Sudáfrica.
México está amordazado por protecciones a inversiones extranjeras bajo 29 TBI y 11 TLC y se encuentra entre los países más demandados del mundo.
Estos derechos están plasmados en el aun vigente capítulo 11 del TLCAN (el actual T-MEC permite que empresas puedan seguir utilizando el TLCAN para demandar supranacionalmente por tres años) y, en buena medida, sobre todo para el sector energético, en su sucesor el T-MEC, así como en el Acuerdo Transpacífico (TPP) y muy probablemente (porque los textos en negociación son secretos) en el renovado Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el cual incluiría un capítulo de protección de inversiones que sustituiría los TBI con distintos países de Europa.
Este entramado de tratados ofrece a los inversionistas extranjeros inmensos privilegios, incluyendo la posibilidad de ampararse ante tribunales supranacionales cuando gobiernos como el de la 4T en este caso, amenacen toda ganancia esperada, y exigir “compensaciones” por el “lucro cesante” por hasta miles de millones de dólares.
Ya lo vemos con la minera canadiense First Majestic Silver, que acaba de anunciar que demandará a México en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, bajo el TLCAN, en relación con reclamos del gobierno mexicano por deudas tributarias de más de 500 millones de dólares.
Lejos de ser un caso aislado, es la tercera demanda al hilo de mineras contra México. En 2018, la estadunidense Legacy Vulcan LLC –en favor de su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica)– sometió una demanda por 500 millones de dólares contra México en relación con una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza cerca de Playa del Carmen, Quintana Roo. En 2019, la también estadunidense Odyssey Mineral Exploration demandó a México por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur, por la enorme cantidad de “cuando menos 3 mil 540 millones de dólares”.
México ya ha tenido que pagar 242 millones de dólares bajo este tipo de demandas “inversionista-Estado”, más millones más en gastos legales y cuotas a los tribunales, ya sea bajo el TLCAN o tratados bilaterales de inversiones con países europeos. Sin embargo, es mucho más por lo que está actualmente demandado. Según cálculos propios con base en información disponible por el Ciadi, México enfrenta demandas por la estratosférica cantidad de al menos 8 mil millones de dólares. Justo cuando México se enfrenta a un complicado panorama en su presupuesto para 2021 y trata de revivir una economía severamente golpeada por la pandemia del coronavirus.
El panorama pinta peor. Ya expertos legales y corporativos han advertido a México que la contrarreforma energética de la 4T provocaría cambios regulatorios que podrían desatar una avalancha de demandas inversionista-Estado.
Desde 2016 advertimos en la publicación del Institute for Policy Studies y del Transnational Institute “Desenmascarados los derechos corporativos en el renovado TLC México-Unión Europea”, que el TLC en renegociación entre México y la UE, que se supone incluirá un capítulo de protección de inversiones, conllevaría a México al peligro de ser objeto de demandas de poderosas empresas energéticas europeas. De hecho las firmas extractivas (petróleo, gas y minería) son las que más usan ese sistema. A la fecha, tan sólo en el Ciadi han interpuesto más de 200 demandas globales y son justo los países de América Latina y Caribe los más demandados.
Lejos de terminar con el neoliberalismo, la negativa de una profunda revisión por la 4T y de la bancada de Morena, que casi por unanimidad (salvo dos senadoras) y a ciegas votaron en favor del T-MEC, permite que continúen este tipo de demandas contra México. Ojalá que no hagan lo mismo con el renovado TLC con la UE. Para que México despierte de la pesadilla neoliberal y poder garantizar la soberanía nacional es imperioso reformar sus TLC y TBI. Si otros países pueden, ¿por qué México no?
* Investigador del Institute for Policy Studies
Twitter: @ManuelPerezIPS
