En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió ayer a señalamientos hechos en un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos en referencia al ejercicio periodístico en esas sesiones mañaneras en Palacio Nacional y a la directora de Notimex, la agencia informativa del Estado mexicano que lleva más de un año en huelga.

La mañanera del miércoles llevó al Presidente a hablar de la pérdida de credibilidad y de autoridad moral de muchos medios de comunicación, nacionales y extranjeros: “Es el caso de México: la mayoría de los medios está en poder de hombres de negocios, no está en poder de periodistas. Las televisoras, las estaciones de radio, los periódicos, en manos de empresarios. Entonces, ¿para qué utilizan los medios? Para proteger sus intereses” (https://bit.ly/3cBf0AV).

En ese contexto llegó AMLO al tema del reporte del Departamento de Estado y se preguntó por qué una entidad gubernamental estadunidense se mete en asuntos mexicanos. Luego elogió y defendió a la directora de Notimex y se fue directamente contra una de las fuentes del Departamento de Estado para el multicitado reporte. Artículo 19, dijo López Obrador, “está apoyado por el extranjero; pero además, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra. Te lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo”.

Tales señalamientos provocaron ebullición, obvia y entendible, en Artículo 19, organización con oficinas centrales en Londres, dedicada a defender el derecho a la información y la libertad de expresión en varios países, entre ellos México. Sobre el financiamiento de sus actividades, la página oficial reporta: “En 2019, 59.5 por ciento de los ingresos de la organización fueron concedidos por fundaciones privadas internacionales, mientras que 40 por ciento fueron concedidos por parte de representaciones diplomáticas en México y agencias de desarrollo” (https://bit.ly/3cCXYCo).

Entre los donantes más polémicos están la Fundación Open Society, del multimillonario George Soros, muy presente en el financiamiento de varios proyectos periodísticos en México; la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés, que incluso apoyó la realización en noviembre de 2020 de un encuentro internacional de medios públicos organizado por el gobierno obradorista https://bit.ly/3sHWFro), y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).

Y, sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas emitieron ayer mismo declaraciones de apoyo a la agrupación antes mencionada, que toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En muchos casos críticos, se señaló, Artículo 19 tomó la defensa y acompañamiento de casos de amenazas o agresiones a periodistas. En fin, un caso más en que el Presidente de la República debe enfrentar personalmente señalamientos adversos a su administración que, en otras circunstancias, podrían ser respondidos por otros funcionarios públicos.

Artículo 19, desde luego, tiene sus claroscuros. Por ejemplo, uno de sus directivos durante largos años, Darío Ramírez, dejó tal organización y pasó a ser el vocero, en su calidad de director de comunicación, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el ente antiobradorista creado por Claudio X. González Guajardo, en la misma línea de transferencia de activos que llevó a Juan Pardinas Carpizo a dejar la dirección del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para ocupar la dirección editorial del diario Reforma.

Y, mientras Félix Salgado Macedonio encabezaba ayer una marcha masiva de exigencia de que le devuelvan su candidatura a gobernador de Guerrero, y Raúl Morón, aspirante al mando de Michoacán, lo hacía en solitario ante oficinas del INE, ¡hasta mañana, con el Congreso tamaulipeco retirando el blindaje que pretendía el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante el riesgo de su aprehensión policiaca!

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