El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) recurrió al juicio de amparo sobre proyectos turísticos autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la región Cabo del este, cerca del parque nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur, a fin de que la dependencia reconozca su obligación en garantizar el derecho humano al medio ambiente sano de las comunidades.

La Semarnat no ha dado luz verde a la participación de las comunidades de Cabo del Este en los procesos de evaluación de ocho proyectos, ya que ha rechazado la consulta pública solicitada por los mismos habitantes, señaló el Cemda en un comunicado.

Explicó que la falta de instrumentos adecuados para regular el territorio, como un Programa de Desarrollo Urbano para Cabo del Este, o la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Los Cabos, emitido en 1995 por lo que se encuentra desfasado del contexto actual, han contribuido a que en las últimas décadas la región se vea amenazada por el establecimiento de proyectos inmobiliarios y turísticos.

Indicó que el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California Sur admitió a trámite la solicitud de amparo presentado por el Cemda, en el que se señalan irregularidades en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental en ocho proyectos que fueron autorizados por la Semarnat en la región de Cabo del Este. Seis de esos proyectos fueron evaluados en modalidad particular, cuando por sus características tendrían que haberse presentado en modalidad regional, por lo que la autoridad en primera instancia no debió admitirlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

“Al autorizar proyectos sin evaluar sus impactos de forma integral, se pone en riesgo los recursos naturales de los cuales se sustentan las comunidades, ignorando la responsabilidad que tiene la autoridad ambiental de velar por el derecho humano a un medio ambiente sano. En el caso de Cabo del Este, sus habitantes ya están sufriendo afectaciones en cuanto al abastecimiento de agua y de energía eléctrica, de seguir así temen daños a los ecosistemas de los que depende su forma de vida”, señaló Maria Inés Pérez, abogada de la Oficina Regional Noroeste del Cemda. (Angélica Enciso)