Nueva York., En su boleta anual de calificaciones sobre derechos humanos alrededor del mundo, el Departamento de Estado subraya que en México prevalece la impunidad como impedimento en el avance de las garantías fundamentales y reporta sobre múltiples abusos de fuerzas de seguridad del gobierno, así como avances en la lucha contra la corrupción oficial.

El documento para 2020 fue el último elaborado bajo el mandato de Donald Trump, pero al presentarlo, el secretario de Estado, Antony Blinken, destacó que forma parte de las herramientas de la diplomacia del nuevo gobierno, y que el presidente Joe Biden “se ha comprometido a poner los derechos humanos de regreso al centro de la política exterior estadunidense”.

Defender “los derechos humanos en todas partes está en el interés de Estados Unidos”, sin importar si quienes los violan son “adversarios o socios”, advirtió. Sin embargo, en su introducción escrita a dicho informe, Blinken sólo se refiere a países que no son considerados “aliados”, entre ellos China, Rusia, Siria, Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Blinken señaló que como ocurre cada año, algunas naciones afirmarán que “no tenemos derecho de criticarlos porque tenemos nuestros propios desafíos que manejar”. Aceptó que hay mucho que hacer en casa, incluyendo atender desigualdades profundas, como “el racismo sistémico”, pero “no pretendemos que estos problemas no existen”. Reiteró que Estados Unidos “está de regreso” y que “no guardará silencio” en su apoyo a los promotores de derechos humanos alrededor del mundo.

En el capítulo sobre México del documento referente a la situación de las garantías fundamentales en casi 200 países, subraya que “la impunidad y una tasa extremadamente baja de enjuiciamiento permaneció como un problema para todo delito, incluyendo los abusos de derechos humanos”. Indica que según estadísticas del propio gobierno mexicano, se calcula que 94 por ciento de los delitos no fueron reportados o investigados.

Entre el tipo de abusos en México, reporta la participación de policías, militares y otros funcionarios del gobierno y de grupos armados ilegales en asesinatos arbitrarios y desapariciones forzadas, tortura por fuerzas de seguridad, arresto arbitrario y detención prolongada, impunidad por violencia contra mujeres, condiciones severas en algunas prisiones, actos violentos contra personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersex, y “las peores formas de trabajo infantil”.

Señala que “ambientalistas y la mayoría de comunidades indígenas continúan siendo blanco de violencia”.

En torno a los casos de desapariciones, reporta las cifras de varias instancias estatales y federales y los pocos avances en las investigaciones, entre ellos el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde señala que ninguno de los acusados ha sido condenado penalmente y 78 de los acusados inicialmente han sido liberados por falta de pruebas y por confesiones obtenidas con torturas.

Reporta condena a El Larry por crimen de Miroslava

También registra el incremento en homicidios y otras formas de violencia contra las mujeres y reporta que no hay prisioneros políticos en México.

En la sección sobre libertad de expresión, destaca que periodistas fueron asesinados y sujetos a ataques en respuesta a su trabajo, sobre todo aquellos que cubrían crimen y corrupción, y dada la impunidad, esto resultó en autocensura. Igualmente, reporta la condena de Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, por el asesinato de Miroslava Breach.

Por otro lado, expone que “comunicadores que hicieron preguntas difíciles al presidente durante sus conferencias de prensa diarias recibieron ataques vía Twitter.

En la sección sobre derechos laborales, subraya los esfuerzos del gobierno para fortalecer las protecciones a la libertad de asociación, promoción de la democracia sindical y mejorar la capacidad de los trabajadores en la negociación de contratos colectivos.

Además, registra el uso más efectivo del gobierno federal de las leyes anticorrupción, citando ejemplos como el arresto de César Duarte, la extradición de Emilio Lozoya y la detención de Rosario Robles. [https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/mexico/].