Los incidentes en que murieron en días pasados un ciudadano guatemalteco, en Chiapas, y una refugiada salvadoreña, en Quintana Roo, a manos del Ejército y la policía municipal de Tulum, respectivamente, dejan ver que las personas en contexto de movilidad son víctimas de una situación “generalizada” de violencia en México, advirtieron organizaciones civiles.
En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció la atracción del caso del asesinato de la refugiada Victoria Esperanza Salazar, luego de un acto de uso excesivo de fuerza por parte de la policía local.
Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano, consideró que los dos episodios registrados en los últimos días son muestra de la “violencia generalizada” que los indocumentados sufren de las autoridades de seguridad, en un contexto de creciente estigmatización.
“Hemos advertido que desde que se ordenó a autoridades castrenses hacer tareas del ámbito migratorio, el peligro se ha incrementado, con violaciones graves de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Se ha visto que ni los agentes del Instituto Nacional de Migración tienen trato humano hacia ese sector, y menos los militares”, dijo.
Lo ocurrido en Chiapas y Quintana Roo “no son actos aislados”, como demuestran las agresiones sufridas en 2017 y 2019 por centroamericanos en el sur del país, y la masacre de migrantes ocurrida en enero de este año en el municipio de Camargo, Tamaulipas, destacó.
Por su parte, Abdel Camargo, investigador de El Colegio de la Frontera Sur, subrayó que las agresiones que sufren los connacionales en Estados Unidos a manos de la migra y de grupos civiles xenófobos son muy similares a las que padecen los centroamericanos en México, y coincidió en que la población en contexto de movilidad enfrenta un clima grave de violencia.
“En la frontera sur, en Chiapas, los periódicos locales son bastante amarillistas, pero todos los días veo notas de un migrante que fue asesinado o que asesinó, o que fue encarcelado por estar armado. Es muy difícil aquilatar qué es cierto y qué es falso, pero a diario hay noticias sobre la violencia” en que vive este sector.
Por su parte, la organización civil Reinserta se sumó a la condena por el homicidio de Victoria Salazar, el cual “exhibe de nueva cuenta la vulnerabilidad de las mujeres en este país” y deja ver que la policía de Tulúm “abusó de su posición y violó los principios de proporcionalidad y de uso de la fuerza en absoluta necesidad”.
