Más de 800 personas se manifestaron ayer ante las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez para exigir que se vincule a proceso a la ex diputada local y candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al Ejecutivo de esa entidad, María Eugenia Campos Galván, acusada de recibir sobornos de una nómina secreta del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016).

La movilización se efectuó luego de que el juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, encargado de la causa 2821/2020, reprogramó para hoy la audiencia de vinculación a proceso contra la también alcaldesa con licencia de la capital de Chihuahua y dos coacusados –el priísta Rodrigo de la Rosa y María Ávila, del Partido Verde Ecologista de México–, como ya se ha hecho en seis ocasiones, luego de que la defensa de Maru Campos argumentó que dos testigos no fueron localizados.

Los inconformes, encabezados por Román Alcántar, diputado estatal suplente de Morena, y el abogado Óscar Castrejón, argumentaron que hay más de 50 testigos contra Campos Galván y decenas de pruebas de que es responsable de cohecho. Demandaron que ya no proteja a la panista y se le detenga, como ha ocurrido con más de 12 priístas que recibieron de Duarte Jáquez diversas sumas de dinero y fueron detenidos sin darles tiempo de presentarse con abogados, como sucedió con ella.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) acusó a Francisco Molina Ruiz, ex procurador en la administración que encabezó el panista Francisco Barrio Terrazas (1992-1998) y defensor de Campos Galván, de recurrir a “tretas legales” y posponer la diligencia por intereses “extralegales” de la acusada.

“Durante los últimos meses ha sido una constante que algunos de los defensores usado los medios para favorecer su causa y han hecho realizan afirmaciones “que se apartan de los hechos que se investigaron y de las actuaciones procesales”, indicó.

En este contexto, la FGE logró que tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia confirmaran por unanimidad la sentencia de seis años de prisión contra Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda chihuahuense en el sexenio de César Duarte, hoy preso y acusado de hacer pagos millonarios en efectivo a diputados locales que aprobaron la bursatilización de la deuda pública estatal en 2015.