El asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza por policías de Tulum que usaron fuerza excesiva para someterla implica una “doble discriminación hacia la víctima: por ser mujer y por su condición de migrante”, señalaron agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Llamaron a las autoridades a realizar “una investigación pronta e imparcial y en línea con los estándares de derechos humanos en la materia, como el Protocolo de Minnesota para la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas”.

Remarcaron que el Estado mexicano ha firmado tratados internacionales sobre protocolos del uso de la fuerza, y es su obligación capacitar a sus corporaciones policiacas en ese sentido.

Las representaciones en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), de la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) emitieron ayer un pronunciamiento conjunto en el que condenaron el asesinato de la ciudadana de origen salvadoreño, quien tenía estatus de beneficiaria de refugio humanitario en el país.

Las cuatro agencias de la ONU señalaron que las autoridades municipales y estatales de Quintana Roo deben adoptar las medidas necesarias para prevenir la repetición de estos hechos y garantizar una actuación policial apegada a los estándares internacionales y la plena rendición de cuentas por sus acciones, así como la efectiva atención de las numerosas quejas contra policías que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha registrado y las recomendaciones que ha emitido al respecto.

Celebraron “las rápidas e inequívocas condenas” del homicidio desde las más altas autoridades del gobierno federal y del estatal, así como las acciones emprendidas por la fiscalía local para esclarecer los hechos.

Reiteraron su disposición de asistir técnicamente a las autoridades correspondientes y agregaron que las instituciones deben garantizar a la familia de la víctima el acceso a la justicia y a la reparación del daño.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también repudió el homicidio de Salazar Arriaza y llamó a las autoridades mexicanas a garantiza la capacitación de sus uniformados en el uso de la fuerza.

“La CIDH alienta las acciones emprendidas por México para investigar los hechos y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables, y llama a asegurar la capacitación de las fuerzas de seguridad de los distintos órdenes de gobierno en materia de uso de la fuerza y derechos humanos”, expuso el organismo.

En tanto, Marco Antonio Toh Ehuan, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, refirió que en los cuatro meses recientes se han documentado en el estado tres casos graves de abuso policiaco.

El primero fue la represión con armas de fuego de una manifestación feminista en la Plaza de la Reforma del palacio municipal de Benito Juárez (Cancún) en noviembre pasado; en febrero de este año, en Tulum, policías detuvieron a una pareja de personas homosexuales que se estaban besando en la calle.

En este contexto, Wilson Charles Martial, jefe de la unidad de atención al migrante en el municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), indicó que 400 migrantes que radican en esa localidad tienen visa humanitaria, permiso que México otorga a extranjeros para que puedan trabajar mientras regularizan su situación migratoria.

Lamentó que la mayoría de los ciudadanos en esa condición sean discriminados por provenir de otros países y por su color de piel.

Con información de Afp