¿Puede alguien dudar del poder que concentra hoy el Presidente de la República, emanado de una histórica suma de 30 millones de votos en su favor en 2018? El asunto es que la traducción en el ejercicio del gobierno crecientemente asume un factor de prioridad y personalismo por encima de los otros poderes del Estado facultados para poner límites. Esta tendencia se observa hoy. El gobierno federal, vive serios embates de cara a la decisión de recuperar soberanía en el sector eléctrico mediante una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) antes que desmantelar previamente el andamiaje constitucional que en 2013 el peñanietismo con el Pacto por México aprobó en el Congreso de la Unión. A partir de ello, numerosas empresas nacionales y extranjeras recibieron contratos y concesiones sobre sectores otrora exclusivos de la nación, como la industria eléctrica y los hidrocarburos. Son entonces las que hoy se asumen agraviadas por la referida reforma a la LIE y, por tanto, han tramitado más de 80 juicios de amparo y obtenido la suspensión definitiva de dicha ley, además de que se ha dado a la misma el carácter general. López Obrador reclamó al presidente de la Suprema Corte que se investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro y le respondió que existe autonomía en el Poder Judicial. Por lo pronto y a fin de evitar desacato, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial el acuerdo de suspensión de la ley impugnada.
Llama la atención que, antes de expresar argumentos jurídicos, se enfoquen en la trayectoria de uno de los jueces, a través de las sentencias que ha dictado, para acreditar con ello, mediante las redes sociales, su carácter “conservador”. Lejos estoy de extender carta de buena conducta a juez alguno y a las empresas beneficiadas con la reforma de 2013. Considero importante el propósito de recuperar soberanía energética . Sin embargo, observo que la postura de rechazo a toda decisión judicial que no favorezca al actual gobierno federal es continua.
La cuestión es que el embate presidencial se ha extendido no sólo a los jueces, sino a los organismos defensores de derechos humanos, cuyas fuentes de financiamiento han sido exhibidas para mostrar que presuntamente lo reciben para el propósito de impugnar el proyecto de su gobierno. También se ha mencionado a la propia Organización de Naciones Unidas y hasta al zapatismo, que resulta incluido entre los que guardaron silencio frente a los anteriores gobiernos cuando se cometieron masacres. Imposible coincidir con esa postura que no da cuenta de las luchas políticas y jurídicas, asumidas por todos esos sectores que hoy se descalifica. El EZLN se replegó a construir su organización a raíz de la traición del Estado en tiempos de Fox a los acuerdos de San Andrés y sus posteriores y actuales iniciativas políticas han seguido la trayectoria anticapitalista definida por ellos. Están en su derecho.
Nada más evidente de esta postura que la descalificación, también, a los amparos que hasta hoy se han tramitado por los opositores al llamado Tren Maya. Escalar el sentido de complot político o ideológico contra la 4T no abona al respeto al principio de división de poderes y, peor aún, muestra la distancia que se mantiene frente a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El gobierno no ha acatado las suspensiones en amparos tramitados por comunidades mayas y que en algunos han conseguido suspensiones, en Campeche, Yucatán y Chiapas, sea por las irregularidades en la consulta que se ostenta como aprobatoria o las muy recientemente tres definitivas, en juicios promovidos por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, el Colectivo Chuun T’aan Maya y la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC por las evidentes anomalías de la manifestación de impacto ambiental en torno al tren. El Fonatur, mantiene en todos los casos el alegato de que no están realizando obras nuevas, sino rehabilitando la vieja vía férrea.
La jueza que acordó estas tres suspensiones señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá ordenar, al menos en los tramos impugnados, que se detenga todo acto “que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales autóctonas de los territorios” del estado de Yucatán. Y consideró que “existe incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto denominado Tren Maya”. Debe entonces inclinarse la balanza de la justicia en favor de la naturaleza, especialmente al considerar como se ha dicho, que su impacto tiene el potencial de trascender a las postreras generaciones y no sólo a quienes habitan en la zona, sino a todo el mundo en atención a la interdependencia de los sistemas ecológicos mundiales. Se trata de una resolución en favor de la vida y es imperativo que la 4T respete a los pueblos indígenas.
