Ciudad Juárez. Este martes se definiría si María Eugenia Campos Gaitán, alcaldesa con licencia de Chihuahua y aspirante a gobernadora del estado, por el Partido Acción Nacional, sería vinculada a proceso por el caso de la “nómina secreta”, sin embargo, su defensa volvió a solicitar diferir la audiencia, informó la Fiscalía General del Estado.
Luego de que los abogados de Campos Gaitán declararán ante los medios de comunicación que la razón por la que posponía la audiencia hasta el miércoles 31 de marzo, era porque el Ministerio Público no podía localizar a testigos protegidos que eran claves en el caso, afirmación que no fue cierta.
La FGE informó que durante los últimos meses los abogados defensores que participan en el caso han implementado estrategias mediáticas para favorecer la imagen de Campos Gaitán ante la opinión pública, denostando la labor de la FGE con afirmaciones que se apartan de las constancias de la carpeta de investigación, de los hechos que se investigaron y de las actuaciones procesales.
María Eugenia Campos Gaytán ha dicho ser la más interesada en que se compruebe su inocencia ante el delito de cohecho que se le imputa, pero su defensa no ha logrado hacerlo; de hecho, un juez de control le impuso medidas cautelares, además sus abogados han alargado el proceso varias veces y ahora, según la FGE, han mentido sobre los motivos por los que se difirió de nuevo la audiencia.
Protestan por reprogramación de audiencia
Decenas de personas se manifestaron ante las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, para exigir que se vincule a proceso a la ex diputada local y candidata panista al gobierno estatal, acusada de recibir sobornos de una nómina secreta del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016).
La movilización luego de que el juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, encargado de la causa 2821/2020, reprogramó para el miércoles la audiencia de vinculación a proceso contra la también alcaldesa con licencia de la capital de Chihuahua y dos coacusados –el priísta Rodrigo de la Rosa y María Ávila, del Partido Verde Ecologista de México—, como ya se ha hecho en seis ocasiones, luego que la defensa de Maru Campos argumentó que dos testigos no fueron localizados.