Ciudad de México. Agencias de las Naciones Unidas condenaron el asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de origen salvadoreño, a causa del uso excesivo de la fuerza de policías de Tulum, Quintana Roo, y subrayaron que representa un caso de doble discriminación hacia la víctima por el hecho de ser mujer y por su condición de migrante.

Llamaron a las autoridades mexicanas a realizar “una investigación pronta e imparcial y en línea con los estándares de derechos humanos en la materia, como el Protocolo de Minnesota para la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.

Las oficinas en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) emitieron este martes un pronunciamiento conjunto en el que remarcaron que el Estado mexicano ha firmado compromisos internacionales que lo obligan a capacitar a sus corporaciones policiacas en protocolos y procedimientos de actuación, incluido el uso de la fuerza.

Señalaron que el crimen se conoció gracias a un video que se hizo público este fin de semana, en el que “es posible observar cómo a través del uso de la fuerza contrario a los estándares internacionales, la señora Salazar Arriaza es sometida por parte de elementos policiales, bajo la acusación de haber alterado el orden público”.

Dana Graber, representante de OIM en México, indicó que “la muerte de Victoria es lamentable y evidencia las carencias que existen para proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes en México. Estamos ante un caso de doble discriminación de la víctima, por el hecho de ser mujer y por su condición de persona migrante. Este trágico desenlace jamás debió haber ocurrido y pone de manifiesto, por un lado, la necesidad de determinar las responsabilidades correspondientes, y por el otro, de implementar medidas para garantizar la no repetición”.

#Comunicado ACNUR, @ONUMujeresMX , @OIM_Mexico y @ONUDHmexico condenamos el asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza en Tulum, Quintana Roo.

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— ACNUR México (@AcnurMexico) March 30, 2021

Las cuatro agencias de la ONU señalaron que las autoridades municipales y estatales de Quintana Roo deben adoptar las medidas necesarias para prevenir la repetición de este tipo de hechos, a través de la garantía de una actuación policial apegada a los estándares internacionales en la materia y la plena rendición de cuentas por sus acciones, así como la efectiva atención de las numerosas quejas contra policías que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha registrado y las recomendaciones que ha emitido al respecto.

Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en nuestro país recordó que el Estado mexicano ha asumido importantes obligaciones y compromisos en materia de defensa y protección de los derechos humanos, además que cuenta con un marco normativo nacional que explícitamente establece que las instituciones de seguridad deberán contar con protocolos y procedimientos de actuación en el uso de la fuerza, con perspectiva de género y protegiendo los derechos humanos, por lo que sus elementos deben estar capacitados para su implementación.

Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, afirmó: “la trágica y prevenible muerte de la señora Salazar Arriaza a manos de las fuerzas del orden, es una muestra de la urgencia de implementar plenamente protocolos de actuación alineados con los estándares internacionales en la materia, con una perspectiva de género. Para éste y otros casos atribuidos a agentes de la entidad, la rendición de cuentas debe implicar un cambio profundo y estructural en la interacción de la policía con la población”.

Las agencias celebraron “las rápidas e inequívocas condenas” del asesinato hechas desde las más altas autoridades del gobierno federal y del estatal, así como las acciones emprendidas por la Fiscalía de Quintana Roo para esclarecer los hechos, y reiteraron su disposición de asistir técnicamente a las autoridades correspondientes.

Agregaron que las autoridades deben garantizar a la familia de Victoria el derecho al acceso a la justicia y a la reparación.

En tanto que el representante adjunto de Acnur, Giovanni Lepri, manifestó la consternación de las agencias de la ONU ante este homicidio, al tratarse de una persona refugiada que, como muchas otras mujeres centroamericanas, se ven forzadas a salir de sus países por situaciones de violencia y persecución.

“Ante los riesgos en su país de origen, Salazar había sido reconocida como refugiada en México. Resulta preocupante su asesinato, su muerte es más grave aún al haber sido cometida por elementos de la policía local. Hacemos un llamado a las autoridades a llevar a cabo una investigación imparcial sobre estos lamentables hechos”.