Ciudad de México. Ante situaciones de contingencia, desastre o emergencia –como la que se vive por el Covid-19–, las autoridades centrales tendrán la obligación de instalar comedores públicos emergentes para garantizar la alimentación de los habitantes de la Ciudad de México.
En comisiones, diputados aprobaron diversas reformas que permiten la instalación de comedores públicos emergentes en espacios como hospitales públicos, albergues o refugios temporales como mecanismo de atención a la población flotante.
Asimismo, durante o después de la emergencia o desastre se podrán instalar comedores itinerantes y se fijarán medidas con el fin de que la distribución de alimentos preparados sea para el consumo en el hogar, a fin de evitar la exposición de personas a cualquier riesgo.
La autoridad deberá ampliar la difusión de la ubicación y horario de comedores fijos e itinerantes durante la emergencia y se desarrollará un protocolo con la Secretaría de Salud para garantizar la inocuidad en el manejo, recepción y distribución de alimentos.
La reforma, que será discutida por el pleno del Congreso, engloba nueve iniciativas y tiene el objetivo de hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad.
“Ante la presencia de escenarios de emergencia o desastre de cualquier índole, la autoridad responsable llevará a cabo acciones que favorezcan la continuidad y el reforzamiento del servicio de los comedores públicos, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria de personas que se encuentren en situación de carencia alimentaria”.
En cuestión de sanciones, se establece como suspensión temporal o definitiva al comedor cuyo administrador sea parte de un partido político o sea funcionario público.
Modifican comisiones
A raíz de la aprobación de licencias a diputados que participarán en el proceso electoral 2021, la Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo para modificar las presidencias de comisiones.
En sustitución de Eduardo Santillán, el diputado de Morena Ricardo Ruiz será el titular de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; Martha Llaguno –sustituta de la congresista Paula Soto– presidirá la de Igualdad y Género; el diputado Ricardo Fuentes la de Transparencia y Combate a la Corrupción, Jorge Gaviño la de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Edna Mariana la de Asuntos Editoriales.
El acuerdo entraría en vigor el primero de abril. La siguiente semana se aprobará un acuerdo para dar voto a los diputados sustitutos a fin de dar legalidad a la aprobación de dictámenes en comisiones.