Fue un asesinato. Hubo varias videograbaciones, de tal manera que el hecho no se quedó arrumbado en uno de tantos archiveros gubernamentales sin destino que hay en todo el país. Sucedió la tarde de este sábado en Tulum, Quintana Roo, donde el año pasado fue reprimida una manifestación de mujeres contra la violencia y el acoso ejercidos contra ellas.
La asesinada, según los datos disponibles a la hora de teclear esta columna (https://bit.ly/2O7GCV2), era salvadoreña, de nombre Victoria Salazar Arriaza. Cuatro policías municipales, principalmente una mujer, la sometieron en la vía pública y, a semejanza de lo sucedido en Estados Unidos con el afrodescendiente George Floyd, una rodilla policiaca (femenina, en este caso) fue colocada sobre la cabeza de la mujer a la que habían denunciado, según las primeras versiones, por alterar el orden público, en estado de ebriedad.
A pesar de que estaba inmóvil y ya muerta o en vías de serlo, la mujer salvadoreña fue subida a la batea de una camioneta policiaca sin cumplir con protocolos forenses. Un ejemplo, pues, de la ínfima capacitación de los cuerpos policiacos para enfrentar situaciones de esta índole y la recurrencia arbitraria a mecanismos de encubrimiento de agentes en problemas.
En Twitter, la usuaria Bruja con Huipil, con el distintivo @ZaaTerciopelo, escribió: “Si ella hubiese sido una turista wera fumando mota en Tulum, hasta fanfarria le hacen. En cambio, la mataron por ser mujer, pobre, migrante. Qué miedo me da la policía de este asqueroso y feminicida país”.
Ayer mismo hubo una marcha de protesta en Tulum. Además, la Red Feminista Quintanarroense ha convocado a manifestaciones para hoy en Holbox, Tulum y Cancún. “El paraíso huele a sangre”, señalaron grupos feministas, pues en 24 horas han sido cuatro los feminicidios perpetrados en esa entidad, formalmente gobernada (en la realidad, es el crimen organizado quien manda) por el priísta de corazón y costumbres políticas, Carlos Joaquín González, quien llegó al poder mediante una coalición de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. El presidente municipal de Tulum es el priísta Víctor Mas Tah, quien busca la relección.
En otro tema, Héctor Serrano Cortés fue poderoso secretario de Gobierno, intrigante por sistema y turbio en su actuar, con Miguel Ángel Mancera al mando de la Ciudad de México. Cuando los conflictos y engaños fueron tantos, el benévolo Mancera lo envió a un paraíso de manejos económicos subterráneos: la Secretaría de Movilidad.
En febrero de 2019, Serrano Cortés y ocho diputados perredistas más, entre ellos Ricardo Gallardo, coordinador de esa bancada, renunciaron al partido del sol azteca y, sin afiliarse a Morena, comprometieron su voto en San Lázaro para emitirlo en el sentido que indicara Mario Delgado, entonces coordinador de los morenistas. Desde entonces se dijo que el pago por ese favor a Morena sería la candidatura a gobernador por San Luis Potosí del citado Gallardo.
Ahora, Serrano Cortés ha buscado ser diputado local por el Partido del Trabajo en SLP, donde funge como asesor de Gallardo, quien busca la gubernatura a nombre del Verde Ecologista. La autoridad electoral ha rebotado a Serrano, quien se habilitó una constancia de residencia en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Pero resulta que no renunció a tiempo a su curul federal y, por eso, se le ha negado el registro como candidato a diputado local. De ese tamaño es el botín en que ese grupo ha convertido a San Luis Potosí: las nefastas prácticas de Serrano en la Ciudad de México, transferidas a SLP, con curul o sin ella.
Astillas: Miguel Ángel Almaraz Maldonado fue detenido, encarcelado y procesado bajo acusaciones relacionadas con el huachicoleo. Casi seis años estuvo preso, pero salió libre no por considerarlo inocente, sino por violaciones procesales. Ahora lo presenta Acción Nacional como aspirante a presidir el municipio de Río Bravo, en el Tamaulipas de otro emproblemado judicial, el (todavía) gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca… ¡Hasta mañana!
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