Existen suficientes pruebas para que el juez de Control establezca la vinculación a proceso contra María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, en la audiencia que se celebrará este martes, dijo el diputado local suplente, Román Alcantar Alvídrez, junto con abogados integrantes del Comité de Salud Pública y defensa Ciudadana.

En caso contrario, si evade la vinculación a proceso, la determinación tendrá su origen en “otras circunstancias”, pero no en la falta de evidencias, consideró el legislador, acompañado por los abogados Rafael Vázquez Pérez, Gregorio Pérez Gastelum y José Alfredo Díaz de León Castro.

Las medidas solicitadas por el Ministerio Público el pasado 27 de marzo, cuando se celebró la audiencia de formulación de imputación, hablan de la seguridad que se tiene de su presunta responsabilidad: abstenerse de salir del país, una garantía económica por 500 mil pesos, así como evitar tener contacto con los testigos y personas que deponen en su contra.

Explicó que el Artículo 280 del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua estipula los requisitos para vincular a proceso a algún imputado, entre ellos que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

Dentro de la Causa Penal 2821/2020, expuesta ante el juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, se establece que Campos Galván recibió sobornos por la cantidad de 10.3 millones de pesos entre 2014 y 2016 por parte del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, dinero que le fue entregado personalmente en el sótano del edificio Héroes de Reforma, por un enviado de Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda.

De hecho, la persona que tenía la responsabilidad de la bóveda y dos cajas fuertes de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda, narró cómo entregó mes a mes, durante dos años, los sobres de papel manila con fajos de billetes, con cantidades de 100 mil, 200 mil, 250 mil, 350 mil y 400 mil a la alcaldesa con licencia acusada por la fiscalía estatal por el delito de cohecho, como beneficiaria de la “nómina secreta” del ex gobernador.

En el testimonio presentado en la audiencia de formulación de imputación contra María Eugenia C.G. María A.S y Rodrigo D.R, que concluyó la mañana del pasado sábado, se describieron cada una de las distintas entregas que entre 2014 y 2015 se realizaron a la alcaldesa con licencia, cuando fungía como subcoordinadora de la fracción panista en el Congreso del Estado.

Campos Galván recogió para ella y para entregar a César J.M, coordinador de la bancada del PAN, más de 8 millones de pesos en efectivo, incluyendo un millón de pesos para apoyo estrictamente personal (para reparar su vivienda dañada por las lluvias) que se fraccionó en 5 entregas, además de un millón 067 mil pesos que en transferencias bancarias se canalizó a una cuenta de su hermano.

También dispuso ilegalmente de recursos públicos a través de una cuenta simulada a nombre de “Campos Galván y Asociados S. C.”, propiedad de su hermano Manuel, hasta por 1 millón de pesos, transacción hecha mediante una tarjeta de débito derivada de dicha cuenta que fue usada en varias ciudades de México, Italia y Francia. La Fiscalía presentó documentos con la firma de la acusada.

Entre las pruebas que aportó el Ministerio Público se encuentran 34 recibos de pago firmados (de recibido) de puño y letra de Campos Galván, con fecha de entre el 10 de febrero de 2014 y el 29 de abril de 2016, con montos que van de los 100 mil a los 400 mil pesos al mes. Los documentos suman 9 millones 300 mil pesos.