Mazatlán, Sin., Integrantes de unos 30 grupos defensores del medio ambiente exigieron a las autoridades estatales que protejan la integridad de todos los activistas, en especial la de Joel Ulises Pinzón Vázquez, representante del colectivo ¡Aquí No!, que se opone a la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome. Pinzón Vázquez recibió amenazas de muerte y responsabilizó a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) de cuanto pueda sucederle.
En febrero anterior, el juez sexto de distrito Oscar Zúñiga dejó sin efecto la manifestación de impacto ambiental de la planta de amoniaco que GPO pretende construir e instruyó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que consulte a la comunidad indígena Lázaro Cárdenas, ubicada en Ahome, sobre la vialidad del proyecto.
Por lo pronto, pobladores de Lázaro Cárdenas ganaron el juicio de amparo 529/2018-7B, en el cual argumentaron que GPO no los consultó antes de comenzar a construir las obras, en 2013.
Soborno o “plomo”
En un video, Ulises Pinzón advirtió que su vida está en riesgo, pues se le alertó que en una reunión de GPO una persona identificada como Herminio Balderrama anunció que le ofrecería dinero por dejar de protestar contra la planta, y de no aceptar le darían “plomo”. Por eso hizo responsables de su seguridad a representantes de GPO y al ex secretario de Gobierno Gerardo Vargas Landeros.
Representantes del Consejo de Ecología en Sinaloa y otras 30 organizaciones ambientalistas mexicanas recordaron en una carta a la administración estatal que la bahía de Ohuira es un humedal de importancia internacional protegido por la Convención de Ramsar. Destacaron que los pueblos originarios de la nación mayo-yoreme, guardianes de las islas protegidas del Golfo de California, ven amenazada su seguridad por intereses corporativos.
Asimismo, reprocharon que GPO, filial de la trasnacional Proman AG, con apoyo del Banco Estatal de Desarrollo de Alemania y de la embajada de ese país en México, recurra a estrategias “deshonestas”. Añadieron que hay seis suspensiones definitivas contra el proyecto de GPO.
