Si, como afirman, su “único interés es defender la legalidad”, los jueces que a destajo otorgan suspensiones definitivas contra la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador (hasta ahora suman 84, y contando, concedidas en menos de 15 días) bien harían en evaluar el daño económico que a la nación provocan sus alocadas decisiones, siempre en su afán de proteger a los corporativos privados que se amparan en contratos leoninos firmados en administraciones pasadas.
El más reciente informe de la Comisión Federal de Electricidad, que detalla y documenta hasta el último centavo de lo que al país significa mantener esos contratos leoninos y concesiones, debe ser marco de referencia para los citados jueces a la hora de proteger a los citados consorcios, porque en caso contrario no dejarán de avalar el atraco a la nación.
Sirva de referencia lo documentado por la CFE: los subsidios a la iniciativa privada, derivados de la reforma energética de Peña Nieto, representan, hasta ahora, 471 mil 200 millones de pesos (para dar una idea ese monto equivale a 10 veces el presupuesto anual de la UNAM) que el erario no tiene por qué transferir a las empresas protegidas por los jueces. De ese monto, 209 mil millones son subsidios en la diferencia entre compra a grandes empresas y venta a usuarios. Además, 60 mil 200 millones son apoyos gubernamentales por no despacho de centrales privadas, 29 mil millones por la transmisión, 21 mil por respaldo, 52 mil 500 por tarifa creciente en la venta de energía a la empresa pública, 88 mil millones de riesgo cambiario y 11 mil 500 de riesgo inflacionario.
Cuando se aprobó la “reforma” energética de Peña Nieto el “objetivo” –según promesa del inquilino en turno de Los Pinos– fue que, con la participación privada en el sector eléctrico (que descarada e ilegalmente comenzó desde el sexenio de Salinas) el erario nacional se ahorraría un titipuchal de recursos, los cuales se destinarían a “saldar la deuda social” del país. Como era de esperar, sucedió todo lo contrario y los cambios constitucionales sólo beneficiaron a los corporativos privados.
El director de la CFE, Manuel Bartlett, detalló que los jueces benefactores (Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza) “no se han dado cuenta” de que sus decisiones “ponen en peligro a todos los mexicanos”, aunque han dejado en claro que para ellos “son más valiosos” los permisos privados que el interés de la nación. Esos contratos que los magistrados protegen en nombre de, según dicen, la “legalidad” conllevan evasión, elusión, simulación, fraude, mercado paralelo y mucho más, todo en contra de México. Un atraco, pues. Y el suculento negocio que hace la cadena comercial Oxxo apenas es la botana del enorme pastel que se comen los empresarios beneficiados con la “reforma” peñanietista.
El robo no se limita a la energía eléctrica, porque el esquema se reproduce en todos los sectores privatizados: la nación pierde, los corporativos privados ganan. Allí está el sector petrolero, para el que la privatización significaría “200 mil millones de dólares en inversiones” (Pedro Joaquín Coldwell dixit) y en los hechos a duras penas llegaron 800 millones (0.4 por ciento de lo prometido) tras seis años de “reforma” peñanietista, siempre con la intención de que la abundante riqueza nacional esté al servicio del gran capital.
Como no tienen llenadera, los privados siguen atracando, por lo que hay que tener presente que “el gobierno mexicano podrá esgrimir razones de seguridad nacional para cancelar permisos de empresas privadas en tratamiento y refinación de petróleo, así como procesamiento de gas natural y exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, de acuerdo con una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados. La iniciativa plantea como un imperativo el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, Pemex y CFE como garantes de la seguridad, así como de la soberanía energética y la palanca del desarrollo nacional” ( La Jornada, Óscar Alegría).
Entonces, ante la dimensión y obviedad del atraco a la nación, ¿dónde estaban los jueces que hoy no duermen para “defender la legalidad”?
Las rebanadas del pastel
Si de buitres se trata, allí están los consorcios mineros (canadienses, ingleses y australianos en primera fila) tras el litio mexicano. Pero ya lo dijo el presidente López Obrador: ni una concesión más en ese sector.
