Jim Crow resucitado; así aparece al actual impulso para restringir el voto en Estados Unidos; especialmente dirigido en contra de la población negra, empujado en estados como Iowa y Georgia. En este último el activismo por el voto de esa población favoreció decisivamente a Biden en contra de Trump.

Crow fue un personaje de comedia representado por Thomas Dartmouth Rice alrededor de 1830. Su popularidad derivó a fines de esa década en un término peyorativo en contra de la población negra. Se usó para denominar un conjunto de leyes que crearon la segregación racial entre 1876 y 1965; así que tiene una fuerte resonancia histórica y política en cuanto a la resistencia y las libertades cívicas en esa sociedad.

La herencia del trumpismo es grande. Destaca lo que se conoce ya como la “Gran Mentira” del fraude electoral en su contra que, entre otras cosas, llevó al ataque del Capitolio cuando se confirmaba la victoria de Biden. Los congresistas republicanos, junto con algunos gobernadores, de modo activo incluso con su silencio, aprovechan la situación para limitar el voto, la esencia misma de lo que se considera como la democracia en ese país. La imagen del gobernador de Georgia encerrado en su despacho sentado y rodeado por cinco legisladores blancos, iguales todos, firmando la ley, mientras afuera arrestaban a una legisladora negra que pretendía entrar, es más categórica que las palabras que puedan decirse.

La cosa se plantea de modo cínico en Arizona, donde se ha dicho que el propósito de la ley es asegurar que sólo “votantes de calidad” puedan ir a las urnas, lo que infringe los derechos para hacerlo. Hay en todas partes personas que sintiéndose atenienses antiguos admiten esa postura. Churchill decía con pragmatismo e ironía que: “Se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que se han tratado de tiempo en tiempo.” Esto admite largas discusiones, pero las revividas leyes Jim Crow son racistas y vergonzosas.

En el Congreso federal se ha propuesto una ley para el pueblo (fort the people act) considerada la mayor reforma para la democracia en el último medio siglo y enfocada en la justicia racial. Las acciones de los republicanos a escala local son para enfrentar esta propuesta que atiende a las restricciones a los votantes negros, a los más jóvenes y los más pobres.

Un aspecto relevante de esta cuestión tiene que ver con la capacidad de la gente, algunos la llaman pueblo, otros ciudadanos, lo que parece más preciso y, sobre todo, útil en materia del ejercicio, por un lado y la salvaguarda, por el otro, de los derechos civiles para protegerse del gobierno.

En Estados Unidos, la Segunda Enmienda a la Constitución asienta que es necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, además, constituye un derecho del pueblo mantener y llevar armas.

Este asunto no es trivial y ha provocado duras confrontaciones y tienen que ver con la plaga de asesinatos múltiples. Igualmente, genera distintas interpretaciones parte de la Suprema Corte de Justicia. Una de ellas sostiene que la segunda enmienda: “No tiene otro efecto que restringir los poderes del gobierno nacional”. Se trata pues, de los medios para que los ciudadanos se protejan del gobierno, asunto realmente significativo; pienso ahora en el caso de Myanmar.

Protegerse como ciudadanos del poder del gobierno es, ciertamente, un asunto fundamental. Se cubre por medio de leyes, disposiciones diversas y con una estructura institucional robusta y bien configurada, sin cargas excesivas, pero también, con medios de funcionamiento efectivos, transparentes y con rendición de cuentas. Las instituciones sólo son fuertes y útiles cuando están legitimadas por lo que hacen y el valor agregado social que proveen. Su historia es relevante y no puede quedar sujeta a las necesidades del momento de los gobiernos.

En la actual disputa entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral con respecto a la falta de documentación sobre gastos de campaña de algunos candidatos en elecciones locales, se ha arremetido con el argumento de que la resolución del instituto en esta materia antes no se aplicaba. Podría preguntarse por qué, entonces, esa falla no fue objeto de señalamiento y disputa. Ningún bien genera políticamente al país poner contra las cuerdas al INE, lo mismo que a las demás instituciones. Debe haber manera de perfeccionarlas y de que el primer instinto no sea terminar con ellas.

Esta es otra vertiente del principio de la defensa legítima de los ciudadanos frente al poder del gobierno. El gobierno no es omnímodo y menos aún infalible. Las elecciones y el derecho al voto son una de las pocas formas de expresar la voluntad de los ciudadanos. No es suficiente, se necesitan otros filtros para cumplir con los compromisos políticos de modo comprobable y en un marco de contrapesos: los tres poderes, la prensa, las organizaciones civiles, los partidos políticos, las instituciones de todo tipo, una estructura que tiende a ser imperfecta y necesita diques.