Ante las fallas que hubo en la Recomendación 15/VG2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con el caso Ayotzinapa, sería necesario que la actual dirección del organismo público haga una investigación “administrativa o penal” sobre los responsables de dicho documento.

Así lo consideró el representante legal de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, quien lamentó que la anterior gestión de la CNDH haya aceptado jugar el “triste papel” de “lavar la imagen” del gobierno de Enrique Peña Nieto al emitir una recomendación “tendenciosa” y sin fundamentos.

Entrevistado al concluir el mitin en el que se conmemoraron 78 meses de la desaparición de los estudiantes, el abogado consideró que “debería abrirse una investigación administrativa, penal o de la índole que sea, sobre los funcionarios que hicieron una recomendación que, lejos de dignificar a las familias, las revictimizó”.

Rosales enfatizó que “no se puede permitir que un organismo con una alta responsabilidad en derechos humanos sea tan laxa y sus recomendaciones sean tan carentes de sustento, porque no sólo es el tema legal, sino que también tiene un impacto en las víctimas: causa afectaciones, obstruye la investigación y desvía el conocimiento de la verdad en casos como el de Ayotzinapa”.

En ese mismo tono, el litigante consideró que, con la Recomendación 15/VG2018, la CNDH “jugó el triste papel de intentar lavar la imagen del Presidente (Enrique Peña Nieto), de intentar darle una salida digna”.

El abogado recalcó que “los titulares de la comisión se prestaron a esta situación; sólo así podemos explicar que previamente teníamos dos informes importantes de ellos, y al último salen con una Recomendación sin sustento alguno en varios puntos”.