Ciudad de México. El gobierno mexicano podrá esgrimir razones de seguridad nacional para cancelar permisos de empresas privadas en actividades relacionadas con tratamiento y refinación de petróleo, así como procesamiento de gas natural y exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, de acuerdo con una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados este viernes.

La iniciativa plantea como un “imperativo” el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “como garantes de la seguridad, así como de la soberanía energética y la palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”.

Este mismo viernes por la tarde, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, turnó la iniciativa a la Comisión de Energía, para su dictamen, y a la de Presupuesto, para su opinión.

Uno de los capítulos de la reforma propuesta por el presidente López Obrador trata sobre la suspensión de permisos por “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

Argumenta que en México existe una falta de mecanismos para garantizar el acceso a la energía en casos excepcionales, no atribuibles a los permisionarios.

“En ese contexto, es importante que las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) jueguen un papel más activo en el tratamiento y refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como en el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos”, actividades todas sujetas a permisos de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Proteger de riesgos

A juicio del gobierno, “se considera inadecuado” dejar la protección de dichas actividades en manos del sector privado ante riesgos inminentes a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.

Agrega la iniciativa: “La escasez, el desabasto y las interrupciones en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos son riesgos a la seguridad energética que podrían afectar gravemente a la estabilidad del país, situación que se ha presentado recientemente”.

Expone que para el actual gobierno uno de los objetivos es reducir las debilidades estructurales del sistema energético nacional y plantea que para alcanzar ese propósito es necesario impulsar una política energética que permita a la Federación actuar eficazmente ante los riesgos mencionados, “mediante la suspensión de los permisos que hubieren otorgado tanto la Sener como la CRE y de ese modo mantener la suficiencia energética en corto, mediano y largo plazos”.

Aunado a lo anterior, señala que “es de imperiosa necesidad” contar con mecanismos específicos que permitan proteger al sector energético “ante riesgos inminentes a la seguridad nacional”, entendida como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado.

Por ello, enfatiza, “resulta necesario que el Estado cuente con los mecanismos adecuados para asegurar que la Sener y la CRE “puedan suspender de manera temporal los permisos expedidos en los términos establecidos en la Ley de Hidrocarburos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

En caso de una suspensión de permisos, plantea, la autoridad que lo haya emitido podrá hacerse cargo de la administración y operación del permisionario, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales.

La iniciativa plantea revocar los permisos a los distribuidores de gasolinas, diésel y gas que despachen cantidades menores a las que pagan los consumidores.