En 2016, en el 36 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los estados miembros aprobaron la creación del Foro sobre el Desarrollo Sostenible, como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus objetivos (ODS) y metas.
En la cuarta reunión, que tuvo lugar del 15 al 18 de marzo de 2021, participaron cerca de mil personas, entre representantes de los Estados miembros del foro, el sector privado, la sociedad civil, los bancos de desarrollo y otros organismos de Naciones Unidas. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), representadas en el Mecanismo de Participación formalizado ante la Cepal, que trabajaron antes y durante el foro, presentaron en esta ocasión una declaración conjunta, que diagnostica, llama la atención sobre asuntos delicados y hace propuestas ante la emergencia que vive la región. Se destacan los puntos más relevantes de dicha declaración, cuyo eje fue la década de acción para cumplir los ODS.
Cinco años después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestra región muestra un estancamiento económico, agravado por el Covid-19, que generó la peor crisis económica, social y productiva de los últimos 120 años, marcada por el notable incremento de la pobreza, la desigualdad estructural y las brechas hacia el interior de los países y entre naciones. Marcada también por la distribución regresiva de los ingresos, la caída del PIB, el aumento de la deuda externa y el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización. Y por los altos índices de corrupción, impunidad, violaciones a los derechos humanos (DH), aumento de las tendencias autoritarias, persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, represión y criminalización de la protesta ciudadana.
Las políticas neoliberales, adoptadas por la mayoría de los países de la región, obstaculizan el logro de los ODS. Por lo que hoy es aún más urgente un cambio radical en la acción de los gobiernos, así como la puesta en marcha de un nuevo contrato social. Es ahora la oportunidad para que los gobiernos, junto con la sociedad civil, consideren medidas para evitar el deterioro del planeta y reconozcan la necesidad de protección de la vida, y la garantía de los DH como políticas de Estado.
Urgen reformas a los sistemas fiscales, que garanticen una justicia redistributiva, con mecanismos para evitar la evasión y elusión de impuestos, así como la fuga de capitales, imponiendo, además, gravámenes a las grandes corporaciones, la riqueza, el ingreso, las transacciones financieras y el comercio. Ante la pérdida de 34 millones de empleos en 2020, la OIT ha descrito la crisis del empleo en la región como una tragedia. Se requieren compromisos en la promoción del trabajo decente y políticas de protección social, destinadas a evitar el desempleo, así como reducir la informalidad y la precariedad laboral, y el quiebre de las pequeñas y medianas empresas.
Ante el evidente incremento de la violencia, especialmente hacia las mujeres, la niñez y los jóvenes, en el contexto del Covid-19, urge la protección, promoción, respeto y garantía de una vida libre de violencias, así como la sanción y cumplimiento efectivo de leyes que aseguren la erradicación de cualquier tipo de violencia y/o discriminación.
Durante la pandemia del Covid-19 se ha constatado la violación de derechos, como los de la vivienda, la educación, el trabajo, el acceso al agua, el libre tránsito, los derechos a la tierra y al territorio y a una vida libre de violencia. Requieren atención los grupos poblacionales integrados por personas adultas mayores, niños, adolescentes, jóvenes, población LGBTQI+, pueblos indígenas afrodescendientes, migrantes y trabajadores informales, así como vendedores ambulantes y trabajadores sexuales; además de las personas con discapacidades y las que viven con o afectadas por el VIH sida. Y es urgente la protección a los defensores de la tierra y el medio ambiente, así como a los periodistas y defensores de derechos humanos, ante la criminalización, persecución y penalización de las que son objeto, mismas que se agudizaron en el contexto de pandemia.
América Latina y el Caribe es la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, siendo Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala los países con mayor número de asesinatos en 2019.
Coincidimos con la Cepal en la urgencia de pactos nacionales y regionales en un entorno de democracia, condición para cumplir con los ODS de la Agenda 2030. La situación que enfrenta nuestra región es de altísima gravedad, incluyendo el creciente cierre de espacios cívicos, lo cual indica que las recomendaciones de la sociedad civil no fueron escuchadas en años anteriores. Por eso, en este foro demandamos que se abra la ruta de diálogos nacionales entre OSC y gobiernos.
