Días atrás se conoció que estudiantes y profesores de por lo menos 22 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pararon labores, “principalmente por retrasos y descuentos en el pago de salarios a docentes de asignatura y ayudantes”. La autoridad universitaria respondió que “ha remunerado en tiempo y forma a 98 por ciento de más de 40 mil que laboran en la institución”.
La máxima casa de estudios comunicó que tal situación se dio “a raíz de dificultades administrativas causadas por el confinamiento por la pandemia de Covid-19” y “se circunscribe en su mayor parte al profesorado de asignatura y a ayudantes de profesor de la Facultad de Ciencias y, en menor grado, al personal de otros siete planteles” ( La Jornada, Jessica Xantomila).
Bien, pero sea lo que sea, urge corregir esa situación de inmediato, aunque hay que subrayar que esa “dificultad administrativa” sólo es parte de un problema muchísimo mayor, apenas la punta del iceberg, que daña y pone en peligro no solo a la comunidad académica de la UNAM, sino a la propia casa de estudios, orgullo de México y Latinoamérica.
Ello, porque la “dificultad” no se limita a la falta de pago oportuno, sino que alcanza niveles verdaderamente preocupantes. El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM, Salarios de profesoras y profesores de la UNAM 2001-2021) de la propia universidad documenta por qué, y de su análisis se toman los siguientes pasajes. Va, pues.
La mayoría de los profesores y profesoras de la UNAM recibe salarios que no alcanzan ni para comer, menos aún para pagar los equipos electrónicos y la conectividad a Internet necesaria para que la (nueva modalidad a distancia por el Covid-19) educación no se detenga.
La política de reducción salarial asociada al proyecto neoliberal de “modernización educativa” impuesta en las universidades públicas avanza prácticamente sin obstáculos, gracias a que, a la sombra de la crisis económica y social, se generó un amplio desempleo en prácticamente todas las actividades profesionales.
En 37 años de neoliberalismo, el grueso del personal docente en la UNAM sufrió una reducción salarial de tal magnitud que su ingreso base sólo llegó a representar poco menos de una tercera parte del poder adquisitivo de 1977, dependiendo de la categoría y nivel. Aunque el desplome del salario real durante los dos últimos decenios ha afectado a todos los sectores de asalariados del país, éste se ha mostrado con mayor agudeza en aquellos en donde la política gubernamental tiene un alto grado de determinación, entre otros casos están los salarios mínimos generales en el país y los salarios en las universidades públicas.
El 74 por ciento de los profesores y las profesoras de la UNAM tiene un salario de miseria, que precariza, vulnera y refleja el desprecio hacia la labor docente. Esta situación se agudizó y profundizó con la pandemia, porque ellos y ellas han pagado con su dinero el precio de las clases en línea, esto es: capacitación, equipos de cómputo, pagos de paquetes de Internet que soporten videoconferencias y demás dispositivos electrónicos, además de acondicionar espacios en casa para poder impartir las asignaturas, sumándose los daños a la salud física y mental. La realidad es que gran parte de las y los docentes han adquirido deudas para sostener su trabajo.
De hecho, en 2019 su salario base compró la mitad de lo que adquiría en 2001. Si, como ejemplo, se considera lo que se puede obtener de un producto básico con los salarios base, el escenario va de menos a cada día menos. Por ejemplo, si todo ese ingreso (profesor ordinario de asignatura A) se gastara en kilos de bistec de res, tendríamos que en febrero de 2001 alcanzaría para 7 kilogramos; en igual mes, pero de 2019, sólo para 2.5.
En el caso de una profesora o profesor ordinario de asignatura B la proporción aún es menor, al pasar de 5.9 a 2.1 kilogramos, respectivamente. Y este ejercicio se puede realizar con cualquier de los productos integrantes de la canasta alimenticia recomendable.
Entonces, sí, hay que regularizar los pagos, pero urge atender el problema estructural.
Las rebanadas del pastel
En aras de la transparencia y la legalidad que tanto cacarean, los profesionales de la grilla y los enjuagues Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, más sus achichincles en el INE, deben solicitar su registro como partido político, o en su defecto oficializar su militancia en esa aberración conocida como Va por México.
