En semanas recientes, y de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, la oposición oligárquica ha lanzado a la palestra a algunas de las figuras políticas más agotadas de su inventario, como Diego Fernández de Cevallos y Santiago Creel, y ha persistido en campañas periodísticas y tuiteras que se agotan en un día en contra de personas afines a la Cuarta Transformación (4T). Son fuegos de artificio. Su apuesta más fuerte es utilizar los espacios institucionales que aún controla para paralizar al gobierno de López Obrador, torcer –una vez más– la voluntad popular y debilitar la transformación nacional a fin de que no pueda aprobar las modificaciones legales que en estos dos años se han evidenciado como necesarias para dar cumplimiento al programa aprobado por la ciudadanía en 2018.
En el caso de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, detenidas por una multitud de amparos, es claro que peones menores del Poder Judicial están siendo instrumentados no para impartir justicia sino para incidir de manera activa en políticas públicas, lo cual podrá tener meandros legales justificatorios pero es a todas luces una contravención al principio de separación de poderes y un atropello a la voluntad de los electores, quienes en 2018 sufragaron de manera abrumadora para, entre otras cosas, recuperar la soberanía energética y poner fin al saqueo de la Comisión Federal de Electricidad por corporaciones privadas.
El Poder Judicial juzga, no gobierna, ni le corresponde erigirse en muro de contención a un proyecto transformador aprobado por la mayoría absoluta de la ciudadanía.
Por su parte, la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral han tomado partido de manera descarada en favor del PRIANRD, no sólo con su pretensión de alterar a última hora las reglas del juego de la representación proporcional en las cámaras a fin de impedir que la alianza Morena-PT-Verde mantenga la mayoría de que hoy dispone, sino también sacando de la jugada con el argumento más pueril, cocinado por la Comisión de Vigilancia del propio INE: que no se reportaron gastos de precampaña, cuando todo mundo sabe que no hubo tal etapa, porque en su mayoría las candidaturas se definieron mediante encuestas.
Con una desvergüenza que lo exhibe como operador añejo del PRIAN, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, arguyó que el cambio en las reglas de asignación de los diputados plurinominales se basa en disposiciones que “están en la Constitución desde 1996”, lo que obliga a preguntarse por qué el antiguo IFE –del que formaba parte– no realizó el cambio en los comicios de 2000, en los de 2003, en los de 2006, en los de 2009 o en los de 2012, y por qué el actual organismo no lo hizo en 2015 o en 2018. En rigor, el INE ha sido instrumentado como el cuarto partido de la coalición “Va por México”.
Las maniobras judiciales y legislativas permiten, de paso, ver de qué lado está el abuso de poder, el espíritu antidemocrático y el afán de desvirtuar la institucionalidad: si los jueces dictan la política energética del país y los consejeros del INE se arrogan la facultad de legislar, ya podrá la Comisión Federal de Competencia Económica vetar el programa federal de vacunación contra el Covid-19 con el pretexto de que debe estar sujeta a las reglas del libre mercado. En suma, desde las trincheras que controla, la oligarquía corrupta manda al jefe de Estado un mensaje inequívoco: “está bien, reconozco que ganaste la Presidencia, pero ahora tienes que gobernar como si hubieran ganado Meade o Anaya”.
Es claro que los próximos comicios obligan a la Cuarta Transformación a repetir, corregida y aumentada, la insurrección popular pacífica que permitió sacar a la oligarquía corrupta de la Presidencia y arrebatarle el control de las cámaras.
Esa oligarquía sabe perfectamente que el respaldo popular al gobierno de López Obrador no sólo se ha mantenido en estos más de dos años, sino que se ha incrementado en forma inversamente proporcional a las menguadas posibilidades electorales de los partidos que proponen el regreso al pasado, y por eso recurre a maniobras sucias para ponerle piedras en el camino y dejarlo sin mayoría legislativa. La circunstancia no sólo coloca a la 4T en la necesidad de ganarle de nueva cuenta al PRIANRD-INE, sino también a refrendar sus mayorías a fin de emprender tres reformas indispensables: una reforma energética a fondo que limpie la Constitución y las leyes de la basura privatizadora que les fue introducida durante cinco sexenios prianistas, una reforma electoral que configure una autoridad independiente, imparcial, decente y respetuosa de la democracia, y una reforma judicial que permita limpiar la corrupción que aún persiste en el poder correspondiente.
Hay que ir con todo.
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